La ministra del Ambiente y Recursos Naturales, Juana Argeñal, afirmó que el Estado mantiene su posición en contra del proyecto minero a cielo abierto Las Crucitas, autorizado por las autoridades de Costa Rica en violación a los tratados internacionales ambientales, porque las autoridades nacionales no fueron consultadas.
Argeñal achacó a un asunto mediático la percepción de que las autoridades nicaragüenses no hayan mostrado interés en el caso, y por el contrario, recordó que desde que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) de Costa Rica volvió a autorizar el proyecto Las Crucitas, no han cesado las comunicaciones al país vecino.
El proyecto que se desarrolla a tres kilómetros del río San Juan fue autorizado a la transnacional canadiense Vanessa Ventures, sin que Nicaragua haya sido consultada, aunque los convenios internacionales establecen que debe hacerse por ser un río fronterizo.
Argeñal recordó que desde la aprobación de Las Crucitas, el Ministerio de Economía se pronunció, y el Marena, a través de su persona, le envió comunicación al Ministro de Ambiente de Costa Rica demandando la presentación del estudio de impacto ambiental, que contemple el impacto sobre el río San Juan y las poblaciones aledañas.
Explicó que no pueden someter al río San Juan al impacto que significaría el uso de químicos como el cianuro, en la actividad económica de explotación minera a cielo abierto.
Afirmó que el proyecto no tiene los estudios fundamentales que ameritan ese tipo de actividad, y en un análisis del Marena encontraron que tiene ocho vacíos ambientales, que afectarán negativamente la principal cuenca hidrográfica, la reserva Indio Maíz con sus cinco áreas protegidas e incluso los humedades del corredor biológico mesoamericano.
Informó que en la pasada cumbre de presidentes en San Pedro Sula sobre el cambio climático, el gobierno, a través del Marena y la Cancillería, planteó ante los presidentes, ministros de Ambiente y cancilleres, la posición del país, basada en que no pueden exponer los ríos a los efectos de estas actividades económicas, por el impacto al manto acuífero y al ecosistema.
Recordó que cuando Setena extendió el permiso y Costa Rica quitó la moratoria para la explotación a cielo abierto, la Cancillería envió notas a su homóloga tica, y recientemente la Procuraduría General de la República, en nombre del Estado, mandó una carta a la Corte Suprema de ese país y al Procurador General, para que se hiciera un monitoreo de los procedimientos a través de los cuales se le había otorgado la autorización ambiental a la firma que desarrollará el proyecto.
El estudio de impacto ambiental no es válido porque hay un cambio en la actividad que van a desarrollar, y además, dentro de ese estudio de impacto ambiental no se toman en cuenta los impactos negativos que pueden ocasionar eventuales derrumbes, porque Las Crucitas está ubicado en un cerro que es vulnerable y sus correntías bajan directamente al río Infiernito, que es uno de los afluentes principales por el lado sur del río San Juan, explicó.
Informó que, oficialmente, Costa Rica ha respondido que es un país soberano y que puede desarrollar la actividad económica que tengan a bien, aunque estaría violentando los tratados internacionales en materia ambiental, y se le ha hecho ver.
Refirió que en la reunión de septiembre en San Carlos, para el manejo de la cuenca del Lago de Nicaragua, se leyó la comunicación al Ministerio de Minas y Energía de Costa Rica, donde se expresa que la no consulta pública, y mucho menos a las autoridades de Nicaragua en la autorización, violenta los Acuerdos de Río y los convenios de biodiversidad.
Argeñal achacó a un asunto mediático la percepción de que las autoridades nicaragüenses no hayan mostrado interés en el caso, y por el contrario, recordó que desde que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) de Costa Rica volvió a autorizar el proyecto Las Crucitas, no han cesado las comunicaciones al país vecino.
El proyecto que se desarrolla a tres kilómetros del río San Juan fue autorizado a la transnacional canadiense Vanessa Ventures, sin que Nicaragua haya sido consultada, aunque los convenios internacionales establecen que debe hacerse por ser un río fronterizo.
Argeñal recordó que desde la aprobación de Las Crucitas, el Ministerio de Economía se pronunció, y el Marena, a través de su persona, le envió comunicación al Ministro de Ambiente de Costa Rica demandando la presentación del estudio de impacto ambiental, que contemple el impacto sobre el río San Juan y las poblaciones aledañas.
Explicó que no pueden someter al río San Juan al impacto que significaría el uso de químicos como el cianuro, en la actividad económica de explotación minera a cielo abierto.
Afirmó que el proyecto no tiene los estudios fundamentales que ameritan ese tipo de actividad, y en un análisis del Marena encontraron que tiene ocho vacíos ambientales, que afectarán negativamente la principal cuenca hidrográfica, la reserva Indio Maíz con sus cinco áreas protegidas e incluso los humedades del corredor biológico mesoamericano.
Informó que en la pasada cumbre de presidentes en San Pedro Sula sobre el cambio climático, el gobierno, a través del Marena y la Cancillería, planteó ante los presidentes, ministros de Ambiente y cancilleres, la posición del país, basada en que no pueden exponer los ríos a los efectos de estas actividades económicas, por el impacto al manto acuífero y al ecosistema.
Recordó que cuando Setena extendió el permiso y Costa Rica quitó la moratoria para la explotación a cielo abierto, la Cancillería envió notas a su homóloga tica, y recientemente la Procuraduría General de la República, en nombre del Estado, mandó una carta a la Corte Suprema de ese país y al Procurador General, para que se hiciera un monitoreo de los procedimientos a través de los cuales se le había otorgado la autorización ambiental a la firma que desarrollará el proyecto.
El estudio de impacto ambiental no es válido porque hay un cambio en la actividad que van a desarrollar, y además, dentro de ese estudio de impacto ambiental no se toman en cuenta los impactos negativos que pueden ocasionar eventuales derrumbes, porque Las Crucitas está ubicado en un cerro que es vulnerable y sus correntías bajan directamente al río Infiernito, que es uno de los afluentes principales por el lado sur del río San Juan, explicó.
Informó que, oficialmente, Costa Rica ha respondido que es un país soberano y que puede desarrollar la actividad económica que tengan a bien, aunque estaría violentando los tratados internacionales en materia ambiental, y se le ha hecho ver.
Refirió que en la reunión de septiembre en San Carlos, para el manejo de la cuenca del Lago de Nicaragua, se leyó la comunicación al Ministerio de Minas y Energía de Costa Rica, donde se expresa que la no consulta pública, y mucho menos a las autoridades de Nicaragua en la autorización, violenta los Acuerdos de Río y los convenios de biodiversidad.
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1 comentarios:
SOY UNA JOVEN NICARAGUENSE, NACI Y CRECI EN ZONAS MINERAS(CHONTALES.
QUISIERA GRITARLE AL MUNDO QUE LA MINERIA A CIELO ABIERTO TRAE CONSIGO MUCHA DESTRUCCION AMBIENTAL Y POR ENDE DESTRUCCION A LA SALUD, PORQUE NO SE SI ESTOY EQUIVOCADA PERO EN MI PUEBLO LA GENTE S ESTA MURIENDO DE CANCER(DE TODO TIPO) HAY MUCHOS NIÑOS CON DISCAPACIDAD, HAY UN PUEBLO POBRE Y GRINGOS,CHINOS,CANADIENSES ETC SE HAN HIDO CON MANOS LLENAS, Y LOS GOBIERNOS ANTERIORES Y ESTE NO HAN HECHO NADA SRA. JUANA ARGEÑAL NO PORQUE SE TRATE DEL RIO SAN JUAN(CUASANTE DE MUCHOS PROBLEMAS ENTRE C.R. Y NIC)HAY QUE PONER ORDEN Y TOMAR ACCIONES PORQUE PARA NADIE ES UN SECRETO QUE EN NIC NO HAY CONTROLES DE NADA Y SI LOY HAY NO SE APLICA POR IGUAL O SIMPLEMENTE SE ARREGLAN CON UNOS CUANTOS DOLARES. SEAMOS EQUITATIVOS NO DESVIEMOS A NUESTRO PUEBLO DE LOS VERDADEROS PROBLEMAS.
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