Bernardo Aguilar González (*)
Director Ejecutivo Fundación Neotrópica
La acción de protesta de los pequeños pescadores en Puntarenas, semanas atrás, nos presentó un conflicto complejo y de difícil solución técnica con las herramientas que cuenta nuestro ordenamiento jurídico. Los intereses en conflicto nos retaron a un examen más allá de reduccionistas dicotomías.
Se trataba de pescadores que protestaban porque no se les permitía el aleteo sin traer al tiburón completo de vuelta. Ello es inaceptable desde una perspectiva conservacionista, pues es sabido que el incentivo negativo del mercado de las aletas está llevando a la extinción a diversas especies de estos escuálidos. Empero, es difícil no ver el contraste social que hicieron evidente cuando obstruyeron las actividades de las compañías de cruceros con su bloqueo. La pregunta subyacente: “¿por qué se nos regula proporcionalmente tanto a nosotros y no a estas grandes compañías multinacionales que causan impactos ambientales significativos con sus cruceros?” Podría argumentarse que las “mega” operaciones turísticas generan significativos ingresos para el país. Este argumento se nos ha querido vender también con la publicidad de Las Crucitas para promover su operación minera.
Solución de conflictos ambientales. Cabe entonces reflexionar sobre la calidad del sistema político. ¿De veras se podrá entender una democracia como a una compañía mercantil, donde quien contribuye más económicamente tiene más derechos? En una democracia igualitaria esta categorización de “calidades” entre los participantes no es sólo inapropiada, sino que ha demostrado hoy su pérdida de credibilidad (economía política del goteo propia del neoliberalismo).
Así, los instrumentos institucionales deben evolucionar. Costa Rica carece de suficientes mecanismos para la resolución de estos conflictos ambientales. Por ejemplo, los formatos de estudio de impacto ambiental y análisis de costo beneficio que utiliza la SETENA han demostrado ser insuficientes. La economía ecológica y la ecología política ofrecen herramientas para integrar estos elementos con valoraciones de multicriterio, que abren los procesos de evaluación a todos los intereses afectados, especialmente a las comunidades más cercanas a las actividades. Estos instrumentos descentralizan el control vertical que privilegia al gran interés económico en los instrumentos de decisión política tradicionales, y crean un sustrato democrático ecológico que favorece el empoderamiento de regiones más marginales. Abrir este tipo de participación ayudaría a alivianar las disparidades que ha hecho evidente la prensa televisiva al contrastar a la Costa Rica de Escazú con la de Talamanca ó Chirripó de Turrialba.
Imaginémonos una Costa Rica donde los pobladores pueden participar y opinar, con posibilidad real de ser oídos, sobre la conveniencia de los desarrollos infraestructurales o productivos que durante décadas han sucedido en sus regiones, y que han creado condiciones propicias para la tragedia que vivieron hace unos días. Ello no sólo tendría impacto sobre la existencia de emergencias ambientales, sino que contribuiría a lidiar con el impacto del cambio climático, en tanto abriría el espacio de derechos económicos por los servicios ambientales (deuda ecológica) que las zonas urbanas y los desarrolladores no han reconocido a estas regiones del país.
Necesaria participación de la sociedad civil. Podríamos así avanzar hacia el perfeccionamiento de nuestra democracia estableciendo los puentes necesarios entre los aspectos técnicos y políticos del desarrollo. La apertura de la participación de la sociedad civil en los asuntos ambientales es un proceso necesario para ajustarse a los tiempos. Gradualmente, experiencias en otras latitudes nos lo están demostrando (verbigracia CONAIE en Ecuador y los Bosques Comunales en Oaxaca, México).
En este sentido el veto al proyecto de ley de participación ambiental merece meditación en cuanto al potencial sustento político que lo motivó. Sabemos por recientes estudios de la UCR que el MINAET es la institución con evaluaciones más pobres respecto al acceso a la información.
¿Es quimérico el artículo 50 de nuestra constitución política al establecer el derecho a un ambiente sano y un nivel de vida sostenible para todos sin canales efectivos de participación? Las soluciones teóricas y ejemplos prácticos están a la mano. Debemos examinarlos e internalizarlos técnica y políticamente con el fin de superar esta tara en nuestra democracia.
(*). Este artículo no contiene la posición oficial de la Fundación Neotrópica y representa solamente la opinión del autor.
Se trataba de pescadores que protestaban porque no se les permitía el aleteo sin traer al tiburón completo de vuelta. Ello es inaceptable desde una perspectiva conservacionista, pues es sabido que el incentivo negativo del mercado de las aletas está llevando a la extinción a diversas especies de estos escuálidos. Empero, es difícil no ver el contraste social que hicieron evidente cuando obstruyeron las actividades de las compañías de cruceros con su bloqueo. La pregunta subyacente: “¿por qué se nos regula proporcionalmente tanto a nosotros y no a estas grandes compañías multinacionales que causan impactos ambientales significativos con sus cruceros?” Podría argumentarse que las “mega” operaciones turísticas generan significativos ingresos para el país. Este argumento se nos ha querido vender también con la publicidad de Las Crucitas para promover su operación minera.
Solución de conflictos ambientales. Cabe entonces reflexionar sobre la calidad del sistema político. ¿De veras se podrá entender una democracia como a una compañía mercantil, donde quien contribuye más económicamente tiene más derechos? En una democracia igualitaria esta categorización de “calidades” entre los participantes no es sólo inapropiada, sino que ha demostrado hoy su pérdida de credibilidad (economía política del goteo propia del neoliberalismo).
Así, los instrumentos institucionales deben evolucionar. Costa Rica carece de suficientes mecanismos para la resolución de estos conflictos ambientales. Por ejemplo, los formatos de estudio de impacto ambiental y análisis de costo beneficio que utiliza la SETENA han demostrado ser insuficientes. La economía ecológica y la ecología política ofrecen herramientas para integrar estos elementos con valoraciones de multicriterio, que abren los procesos de evaluación a todos los intereses afectados, especialmente a las comunidades más cercanas a las actividades. Estos instrumentos descentralizan el control vertical que privilegia al gran interés económico en los instrumentos de decisión política tradicionales, y crean un sustrato democrático ecológico que favorece el empoderamiento de regiones más marginales. Abrir este tipo de participación ayudaría a alivianar las disparidades que ha hecho evidente la prensa televisiva al contrastar a la Costa Rica de Escazú con la de Talamanca ó Chirripó de Turrialba.
Imaginémonos una Costa Rica donde los pobladores pueden participar y opinar, con posibilidad real de ser oídos, sobre la conveniencia de los desarrollos infraestructurales o productivos que durante décadas han sucedido en sus regiones, y que han creado condiciones propicias para la tragedia que vivieron hace unos días. Ello no sólo tendría impacto sobre la existencia de emergencias ambientales, sino que contribuiría a lidiar con el impacto del cambio climático, en tanto abriría el espacio de derechos económicos por los servicios ambientales (deuda ecológica) que las zonas urbanas y los desarrolladores no han reconocido a estas regiones del país.
Necesaria participación de la sociedad civil. Podríamos así avanzar hacia el perfeccionamiento de nuestra democracia estableciendo los puentes necesarios entre los aspectos técnicos y políticos del desarrollo. La apertura de la participación de la sociedad civil en los asuntos ambientales es un proceso necesario para ajustarse a los tiempos. Gradualmente, experiencias en otras latitudes nos lo están demostrando (verbigracia CONAIE en Ecuador y los Bosques Comunales en Oaxaca, México).
En este sentido el veto al proyecto de ley de participación ambiental merece meditación en cuanto al potencial sustento político que lo motivó. Sabemos por recientes estudios de la UCR que el MINAET es la institución con evaluaciones más pobres respecto al acceso a la información.
¿Es quimérico el artículo 50 de nuestra constitución política al establecer el derecho a un ambiente sano y un nivel de vida sostenible para todos sin canales efectivos de participación? Las soluciones teóricas y ejemplos prácticos están a la mano. Debemos examinarlos e internalizarlos técnica y políticamente con el fin de superar esta tara en nuestra democracia.
(*). Este artículo no contiene la posición oficial de la Fundación Neotrópica y representa solamente la opinión del autor.
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