Ecologistas respaldan a abogado denunciado por soborno

A los medio s de comunicación de Costa Rica y América Latina
A la sociedad Costarricense

Califican denuncia como acto desesperado y un ataque al movimiento

Por medio del presente comunicado nos dirigimos respetuosamente para situar nuestra postura respecto a las acusaciones hechas en contra de el Lic. Edgardo Vinicio Araya Sibaja.

1. Respaldamos total y ampliamente al Lic. Edgardo Vinicio Araya Sibaja, su vida y trayectoria han sido prueba fehaciente de los principios de transparencia y honestidad en los que basa sus acciones.
2. Creemos que la difamación hecha por Jose Eduardo Vargas Rivera, representante del “Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y la Paz, Sociedad Anónima”, simboliza un acto desesperado de quienes vieron sus intereses particulares afectados al frenar la explotación minera en nuestro país; quienes prefieren usar la vía de la injuria al no tener argumentos sólidos que derriben a la razón: “No podemos anteponer los intereses materiales a la conservación de la vida y la naturaleza que se nos ha confiado”
3. Entendemos éste, como un acto dirigido en contra de los movimientos ecologistas y populares de este país y no sólo en contra de el Lic. Edgardo Vinicio Araya Sibaja. Él representa a cada costarricense quien ha abandonado sus intereses personales para abrazar los intereses de la Nación. Al difamarlo a él, atacan a todos aquellos quienes creemos que Costa Rica no debe doblegarse ante los intereses políticos y financieros de unos pocos, sino debe velar por el bienestar de quienes hoy vivimos en este hermoso suelo y de quienes la heredarán. Y a quienes, por décadas, hemos permanecido firmes en la defensa de la vida.
4. Velamos y estamos al pendiente de que la investigación abierta en su contra sea guiada en absoluta justicia e imparcialidad hasta comprobar su inocencia. Además estaremos a su lado, de la misma forma que el ha estado del lado de Costa Rica, incondicionalmente y hasta la últimas consecuencias.

“Nos tienen miedo porque no tenemos miedo”

Costa Rica, 16 de febrero de 2012.

Más información Heidy Murillo Quesada, Presidenta FECON 8872 4954

Firman:Unión Norte por la Vida (UNOVIDA)
Federación Ecologista (FECON)
Comunidades ecologistas La Ceiba - Amigos de la Tierra Costa Rica (COECOCEIBA- AT)
Asociación Ramonense de Conservación del Ambiente
Selva Tica Radio
Arte por la Paz
Centro de Capacitación para el Desarrollo (CECADE)
Confraternidad Guanacasteca
Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG)
Frente Regional de Oposición a la Minería
Asociación Proyectos Alternativos (PROAL)
Amigos del Pacuare
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)
Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)
Asociación de Ecología Social - Costa Rica
Red de Coordinación en Biodiversidad
Comité Cívico de Cañas
Asociación Preservacionista de Flora y Fauna
Asociación Preserve Planet
Luis Fernando Barrantes Cortés - Cédula 4-129-859

Angerline Marín
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El Gobierno sí puede detener la minería en Crucitas

El pasado 27 de julio el Poder Ejecutivo comunicó la supuesta imposibilidad de detener el proyecto minero de Crucitas argumentando que la Sala IV lo ha dado por válido y aduciendo que el país se expone a una millonaria demanda por parte de la empresa Industrias Infinito.

Ante esto, organizaciones sociales y ambientales, centros de investigación, especialistas de las principales universidades, dirigentes de diversos partidos políticos, así como representantes de las comunidades afectadas por la actividad minera, manifestamos a la opinión pública lo siguiente:

1. La concesión otorgada por el gobierno de Oscar Arias a la empresa Industrias Infinito mediante resolución No. 217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008, es absolutamente nula; por cuanto la moratoria minera decretada por la Administración Abel Pacheco se mantuvo vigente hasta el 4 de junio del 2008; es decir casi un mes después de haberse dado la concesión.

2. La empresa minera no puede alegar derechos adquiridos fundamentándose en un acto absolutamente nulo e ilegal de la Administración anterior. Todas las inversiones realizadas por la empresa han sido bajo su propio riesgo en tanto hasta la fecha nunca ha existido una resolución en firme que le autorice a iniciar operaciones.

2. Por lo tanto el Estado costarricense no tendría que indemnizar a la compañía minera con 1.700 millones de dólares como lo afirmara la Casa Presidencial en los medios de comunicación.

4. En el peor de los escenarios, el monto de una eventual indemnización tendría que ser establecido por las instancias judiciales y arbitrales correspondientes. Pero nunca prefijado de manera precipitada por el Poder Ejecutivo cuyo deber en primera instancia es proteger los intereses nacionales.

5. El Vicepresidente Piva ha reconocido que el proyecto minero de Crucitas conllevará serios impactos ambientales para nuestro país, y doña Laura Chinchilla ha manifestado que su gobierno no promoverá la minería metálica a cielo abierto. Por lo tanto no hay razones jurídicas, ni técnicas, ni de oportunidad política para mantener el decreto que declara este proyecto de “interés público y conveniencia nacional” emitido por el gobierno anterior y que sustenta la concesión otorgada.

6. La Presidenta Laura Chinchilla debe derogar dicho decreto y dar por nula la concesión otorgada a la empresa minera; cómo lo ha pedido el gobierno local de San Carlos, máximo ente que representa los intereses locales del cantón; y junto a este, buscar alternativas reales para las comunidades de la Zona Norte, en consonancia con el modelo de desarrollo sostenible que pregona nuestro país.

7. El gobierno de doña Laura Chinchilla debe ser consecuente con su política de no promover más proyectos de minería metálica a cielo abierto, y actuar anteponiendo los intereses nacionales por encima de los intereses económicos de una empresa de capital canadiense, dedicada a una actividad que según las últimas encuestas, es repudiada por el 90% de la población nacional.

Nosotros y nosotras abajo firmantes sostenemos que este proyecto no es viable ni ecológica, ni social, ni económicamente para el país, por la destrucción que conlleva de ecosistemas tropicales frágiles que requieren restauración y conservación. El país solo recibirá un 3% del valor del oro de la nación como pago de la empresa por esta concesión.

500 años después seguimos cambiando el oro por espejitos y cuentas de vidrio

Costa Rica dice No a la minería metálica a Cielo Abierto

ORGANIZACIONES

Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia

Asociación Ambientalista de Protección de Cuencas del Cantón de Siquirres

Asociación Amigos del Pacuare

Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente

Asociación Conservacionista de los Ríos y el Ambiente de Ciruelas de Alajuela

Asociación de Comunidades para el Desarrollo Sostenible del Cantón de Santa Cruz

Asociación de Desarrollo Integral Indígena Bribri

Asociación de Ecología Social

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Asociación Norte por la Vida

Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente

Asociación Voces Nuestras

Centro de Capacitación para el Desarrollo

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales

Comité Patriótico Zarcero

Comunidades Ecológicas La Ceiba

Diario Digital el País

Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente

Fundación Neotrópica

Fundación PROMAR

Movimiento Patriótico Juanito Mora

Preserve Planet

Programa Restauración de Tortugas Marinas

Proyectos Alternativos
Red Centroamericana de Acción del Agua

Red de Coordinación en Biodiversidad

Sindicato de Trabajadores Agrícolas y Plantaciones

Juventud Progresista y de Participación Popular



Diputados:

Carmen Granados Fernández

Carmen Muñoz Quesada

Claudio Monge Pereira

Gustavo Arias Navarro

Jeannette Ruiz Delgado

Jorge Gamboa Corrales

José María Villalta Flores-Estrada

Juan Carlos Mendoza García

Manrique Oviedo Guzmán

María Eugenia Venegas Renauld

Víctor Hernández Cerdas

Yolanda Acuña Castro

Ex-diputados:

José Merino del Río

Maureen Ballestero Vargas

Regidores Municipalidad de San Carlos

Edgardo Vinicio Araya Sibaja

Eli Roque Salas Herrera

Otras personalidades:

Abel Pacheco de la Espriella. Expresidente de la República

Carlos Manuel Rodríguez. Ex ministro de ambiente

Ottón Solís Fallas. Ex Ministro de Planificación. Ex Diputado

Rolando Araya Monge. Ex Ministro Obras Públicas y Transportes. Ex Diputado.

Rodrigo Alberto Carazo Zeledón. Exdenfensor de los habitantes. Ex Diputado.

Allan Astorga Gatgens. Ex Secretario Secretaría Técnica Nacional Ambiental. SETENA

Yamileth Astorga Espeleta. Directora PROGAI UCR

Luis Bernardo Villalobos Solano. Programa de Investigación en Políticas de Salud. UCR

Alberto Cortés Ramos. Miembro del Consejo Universitario UCR

Jorge Lobo Segura. Universidad de Costa Rica

Anais Villalobos Kong. Economista ambiental

Diniosio Cabal Antillón. Cantautor

Ana Cristina Rossi. Escritora

Arabella Salaverry Pardo. Escritora

Jorge Araya Westover

Mariano Figueres Olsen

German Chacón Araya

Fabio Delgado Hernández

Ligia Umaña Ledezma

Carmen Jiménez Contreras

Andrea Aguilar Umaña

Santos Coronado Valdés
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DECLARACIÓN PÚBLICA II ENCUENTRO CRUCITAS, 17 y 18 de julio

Si quiere firmarla puede hacerlo aquí

Hoy nuevamente reunidos en esta comunidad de Crucitas queremos manifestar de forma reiterada y firme nuestro rechazo a la minería de oro a cielo abierto que se quiere concretar en esta comunidad.

Nos comprometemos a realizar cualquier esfuerzo que conlleve la no realización de este proyecto tan nefasto para el país.

Asumimos el compromiso con la patria y nuestras futuras generaciones de dejarles un país libre de minería, libre de la voracidad del capitalismo salvaje, libre de tanto filibustero que se vende al mejor postor.

Con mucho fervor y alegría nos hemos desplazado hasta esta comunidad, caminando, en vehículo o de cualquier otra forma, para dejar sentado una vez mas nuestro compromiso junto al pueblo costarricense.

Este segundo encuentro Crucitas nos servirá de inyección, para continuar llenos de energía y civismo patrio, llevando a nuestras comunidades, a los barrios y en donde quiera que estemos el mensaje de la unidad para la lucha. Lucha por nuestra dignidad, por recuperar el decoro, la decencia y el patriotismo que tanta falta hace en la administración pública desde hace muchos años.

Les decimos a los empresarios egoístas que solo ven en los proyectos el signo de colones o dólares, que no daremos ni un paso atrás en la recuperación de nuestros valores culturales, de nuestro territorio, de nuestros bosques y sobre todo nuestra soberanía nacional.

Reiteramos nuestra solicitud, junto a los caminantes, junto al Consejo Municipal de San Carlos y los otros gobiernos locales y organizaciones que se han pronunciado y quienes confluimos en el II Encuentro Crucitas, a la señora Presidenta de la república Laura Chinchilla la derogatoria inmediata del decreto ejecutivo N.34801-MINAET del 17 de octubre del 2008, que declara de Interés Público y Conveniencia Nacional el Proyecto minero Crucitas y la concesión 2594, otorgada a Industrias Infinito mediante resolución 127 del 21 de abril del 2008.

Exigimos a la Asamblea Legislativa dar trámite rápido a la reforma del código minero, que prohíbe la minería metálica en nuestro país, por ser incompatible con el medio ambiente.

Finalmente les dejamos constancia firme e irrevocable de que no desmayaremos nunca hasta lograr que nuestro país esté libre de tanta avaricia, de tanto egoísmo. Por eso asumimos el compromiso de luchar hasta las últimas consecuencias si fuera necesario, para que se prohíba la minería de oro a cielo abierto en nuestro país.

SÍ A LA VIDA, NO A LA MINERÍA

UNIDOS Y UNIDAS VENCEREMOS Y LLEGAREMOS A LA VICTORIA FINAL.

Original respaldado por 118 firmas de dieferentes organizaciones y comunidades del país.

Foto cortesía de Arcaa

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Municipalidad de San José, contra Crucitas

Por iniciativa de los regidores de los regidores del Partido Acción Ciudadana, el Concejo Municipal de San José se pronuncio en contra de la Mineria a Cielo Abierto y en contra del proyecto Minero de Crucitas. La Moción presentada fue aprobada por unanimidad en la Sesión 11 de mayo del 2010 del Concejo Municipal de San José.

A continuación el texto de la moción


EL GOBIERNO LOCAL DE SAN JOSÉ, EN APEGO A SU VOCACIÓN AMBIENTALISTA Y A SU PLAN REGULADOR, JUSTIFICA Y TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO, EN RELACIÓN CON LA MINERÍA A CIELO ABIERTO Y AL PROYECTO ESPECÍFICO DE CRUCITAS EN SAN CARLOS, PROVINCIA DE ALAJUELA.

CONSIDERANDO:

1. El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica garantiza el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de la ciudadanía de exigir el cumplimiento de ese derecho y de las instituciones públicas a garantizarlo.
2. La Municipalidad de San José apoya la defensa del medio ambiente y los Derechos Humanos y la promoción de un desarrollo compatible con la protección del medio ambiente, en el tanto coincidimos con el Convenio de Diversidad Biológica.
3. Que Costa Rica ha apostado por un desarrollo sustentable, basado en la protección del medio ambiente y no en uno extractor, que nuestro país no ha sido un país de tradición minera y que la historia nos ha enseñado que los pocos desarrollos mineros metálicos, no sólo no han beneficiado al país ni a las comunidades donde se ubican, si no que por el contrario, han dejado una triste fotografía de destrucción; con amplias pruebas de que no es una actividad compatible con el medio ambiente.
4. Los impactos de la minería metálica a cielo abierto han sido estudiados rigurosamente y existe una tendencia mundial a rechazar esas prácticas.
5. La zona en que se ubica el proyecto es de alta fragilidad ambiental y de una alta tasa de pluviosidad, lo que incorpora riesgos adicionales aún con el uso de tecnología de punta.
6. La obsolescencia de nuestra legislación minera y la escueta legislación ambiental.
7. Hasta la fecha no se ha conocido un instrumento que demuestre una relación positiva entre los costos socioambientales y los beneficios económicos del desarrollo que permitan declarar el proyecto de interés público y conveniencia nacional.
8. Que el cambio climático coloca a la humanidad en una disyuntiva entre continuar profundizando sus impactos negativos y generando más condiciones de vulnerabilidad, o la sustentabilidad de la especie humana, lo cual nos obliga a buscar un equilibrio entre las actividades humanas y la conservación de la naturaleza.

ACUERDA:


1. Solicitar al Gobierno de la República la derogatoria del Decreto 34801-MINAET que declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas. Asimismo, pedir al gobierno de Costa Rica y a sus instituciones, que anulen todos los permisos otorgados a los concesionarios del proyecto minero Crucitas.
2. Pedirle al gobierno de Costa Rica ser consecuente con el modelo de desarrollo sustentable que como Nación venimos predicando hace muchos años.
3. Hacer un llamado a la sociedad costarricense por la defensa del medio ambiente y por la construcción de una Costa Rica justa, equitativa y sustentable.
4. Solicitar a la Asamblea Legislativa el trámite rápido para una reforma en el Código Minero que prohíba definitivamente la minería metálica a cielo abierto en nuestro país.
5. Ofrecer nuestro Gobierno Local para realizar actividades educativas y de información acerca del tema, para lo cual contará con el apoyo de la Administración Municipal, la Comisión de Ambiente.
6. Manifestar nuestra complacencia por el decreto de la señora Presidenta Doña Laura Chinchilla Miranda, en contra de la Minería a Cielo Abierto y apoyar su decisión para modificar nuestras Leyes en el campo minero para cerrar los portillos a estas actividades anti ecológicas.
7. Divulgar por todos los medios este acuerdo y solicitarle a todos los Gobiernos Locales que se adhieran dando su respaldo a la MADRE TIERRA.
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Alvarado de Cartago, contra Crucitas

ALVARADO DE CARTAGO SE DECLARA EN CONTRA DE CRUCITAS

Acuerdo Municipal aprobado por unanimidad

MOCION DE INICIATIVA

Municipalidad de Alvarado

Sesión Ordinaria no.003

17 de mayo de 2010

Considerando:

1-El artículo 50 de la Constitución Política que dicta:”…Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y reclamar la reparación del daño causado…”

2- El Decreto Ejecutivo de la Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda del 8 de mayo del presente año que establece: “Se declara la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro en el territorio nacional. Entendida ésta como la exploración, explotación y el beneficio de los materiales extraídos utilizando cianuro o mercurio”

3- Que la Municipalidad de Alvarado se ha caracterizado por su visión ambiental e implementación de medidas que protejan al ambiente, los Derechos Humanos y un desarrollo sostenible, en coincidencia con el Convenio de Diversidad Biológica.

4- Que Costa Rica se ha declarado como un Estado que pretende el bienestar común por medio de un desarrollo sostenible en plena comunión con la protección de los recursos naturales y la no extracción de los mismos, y que bajo esta visión desde 1955 con la creación de parques nacionales se pretende por medio de la legislación la protección ambiental.

5- Que desde 1975 Costa Rica se encuentra integrado al Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies amenazadas de Fauna y Flora (CITES).

6- Que tanto el Almendro Amarillo y la Lapa Verde especies afectadas por la extracción minera en Crucitas, se encuentran dentro de las listas del CITES

7- Que el Principio 4 de la Declaración de Estocolmo plantea:”…los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo presente sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y mejorar el medio”

8- Que el Principio 1 de la Declaración de Río dice: “…Los seres humanos…Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza…”, además el Principio 4 recalca que: “…A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada…”

9- La Declaración de Johannesburgo en su principio 4 promulga: “…Estamos resueltos a velar por que nuestra rica diversidad, fuente de nuestra fuerza colectiva, sea utilizada en una alianza constructiva para el cambio y para la consecución del objetivo común del desarrollo sostenible…”

10- Tanto la Declaración de Río, Estocolmo y Johannesburgo fueron ratificados por la Asamblea Legislativa como Tratados Internacionales suscritos por Costa Rica.

11- El Articulo 7 de la Constitución Política indique que: “… Los Tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes…”

12- Que al considerarse un proyecto transfronterizo, por los eventuales impactos sobre cuerpos de agua como el río San Juan, debe preverse la posibilidad de una acción conjunta con el gobierno de Nicaragua, para evaluar dichos impactos, según lo estipula el artículo 90 del Reglamento sobre los Estudios de Impacto Ambiental (2004). La ausencia de éste requisito nos dejaría expuestos a eventuales demandas por parte de Nicaragua por daños ambientales.

13. El cambio en el proyecto, tramitado en tiempo récord entre el año 2007 y 2008, que lo duplica en términos de volumen de extracción, requiere un nuevo estudio de impacto ambiental, pues representa una variación significativa al proyecto original. Además, esto se tramitó estando vigente la moratoria minera del expresidente Abel Pacheco.

14- La obsolescencia de nuestra legislación minera y su consideración de impactos ambientales.

15- La escasa capacidad de monitoreo y fiscalización, evidenciada no solamente en el caso de la Mina Bellavista en Miramar (riesgos advertidos por académicos y movimiento ambiental), sino también reconocido por el mismo ejecutivo en el decreto de concesión (217-2008-MINAET) que reza:

“La empresa Industrias Infinito S. A., colaborará con el Gobierno de Costa Rica, en capacitación de funcionarios públicos de las dependencias que deben ejercer el control de la actividad, en aspectos técnicos y tecnológicos, con el fin de que estos funcionarios cuenten con criterios idóneos para la ejecución de la actividad de control.”

16- La zona en que se ubica el proyecto es de alta fragilidad ambiental y de una alta tasa de pluviosidad, lo que incorpora riesgos adicionales aún con el uso de tecnología de punta.

Acuerda:

1. Solicitar al Gobierno de la República la derogatoria del Decreto 34801-MINAET que declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas. Asimismo, pedir al gobierno de Costa Rica y a sus instituciones, que anulen todos los permisos otorgados a los concesionarios del proyecto minero Crucitas por estar viciados de nulidad y reinstaure la moratoria minera.

2. Pedirle al Gobierno de Costa Rica ser consecuente con el modelo de desarrollo sustentable que como Nación venimos predicando hace muchos años.

3. Hacer un llamado a la sociedad costarricense por la defensa del medio ambiente y por la construcción de una Costa Rica justa, equitativa y sustentable.

4. Solicitar a la Asamblea Legislativa el trámite rápido para una reforma en el Código Minero que prohíba definitivamente la minería metálica a cielo abierto en nuestro país.

5. Apoyar los procesos legales y políticos de la ciudadanía y las organizaciones sociales dirigidos a detener la ejecución de este proyecto rechazado por casi el 90% de la ciudadanía costarricense.

6. Ofrecer nuestro Gobierno Local para realizar actividades educativas y de información acerca del tema, para lo cual contará con el apoyo de la Administración Municipal, la Comisión de Medio Ambiente y su Programa de Bandera Azul.

7. Declararnos amigos del gran movimiento mundial por la sustentabilidad del planeta mediante la defensa de la Naturaleza.

8. Reiterar que nuestro PLAN REGULADOR es amigable con el MEDIO AMBIENTE y su defensa.

9. Manifestar nuestra complacencia por las declaraciones de la señora Presidenta electa, Doña Laura Chinchilla, en contra de la Minería a Cielo Abierto y apoyar su decisión para modificar nuestras Leyes en el campo minero para cerrar los portillos a estas actividades antiecológicas.

10. Divulgar por todos los medios este acuerdo y solicitarle a todos los Gobiernos Locales que se adhieran dando su respaldo a la MADRE TIERRA.

Suscribe el regidor propietario:

JOSÉ RICARDO SÁNCHEZ MENA

Partido Acción Ciudadana

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Pronunciamiento de la Asamblea del PAC

La Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana con respecto a la aprobación de la Sala IV a la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto minero “Crucitas” (Decreto N.° 34801.MINAET), y sus efectos.

CONSIDERANDO:



1. El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica garantiza el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber de la ciudadanía de exigir el cumplimiento de ese derecho y de las instituciones públicas a garantizarlo.



2. El Estatuto orgánico del Partido Acción Ciudadana incorpora en su artículo 6, 14 y 15, la defensa del medio ambiente y los Derechos Humanos y la promoción de un desarrollo compatible con la protección del medio ambiente, en el tanto coincidimos con el Convenio de Diversidad Biológica.



3. Que Costa Rica ha apostado a un desarrollo sustentable, basado en la protección del medio ambiente y no un modelo extractor, no ha sido un país de tradición minera y que la historia nos ha enseñado que los pocos desarrollos mineros metálicos, no sólo no han beneficiado al país ni a las comunidades donde se ubican, si no por el contrario han dejado una triste fotografía de destrucción, con amplias pruebas de que no es una actividad compatible con el medio ambiente.



4. El cambio en el proyecto, tramitado en tiempo récord, entre el año 2007 y 2008, que duplican el proyecto en términos de volumen de extracción, requiere un nuevo estudio de impacto ambiental, pues representa una variación significativa en el proyecto, y aunado a ésto se tramitó estando vigente la moratoria minera.



5. La concesión 2594 del proyecto había sido previamente anulada por la misma Sala IV, por lo tanto no podía volverse a otorgar bajo el mismo trámite y expediente.



6. Que al considerarse un proyecto transfronterizo, por los eventuales impactos sobre cuerpos de agua como el río San Juan, debe preverse la posibilidad de una acción conjunta con el gobierno de Nicaragua, para evaluar dichos impactos, según lo estipula el artículo 90 del Reglamento sobre los Estudios de Impacto Ambiental (2004). La ausencia de éste nos dejaría expuestos a eventuales demandas por parte de Nicaragua por daños ambientales.



7. Los impactos de la minería metálica a cielo abierto han sido estudiados rigurosamente y existe una tendencia mundial a rechazar esas prácticas.



8. La zona en que se ubica el proyecto es de alta fragilidad ambiental y alta tasa de pluviosidad, lo que incorpora riesgos adicionales aún con el uso de tecnología de punta.



9. La obsolescencia de nuestra legislación minera y la escueta legislación ambiental.



10. La escasa capacidad de monitoreo y fiscalización, evidenciada no solamente en el caso de la Mina Bellavista en Miramar, riesgos advertidos por académicos y movimiento ambiental, si no reconocido por el mismo ejecutivo en el decreto de concesión (217-2008-MINAE) que reza:

“La empresa Industrias Infinito S. A., colaborará con el Gobierno de Costa Rica, en capacitación de funcionarios públicos de las dependencias que deben ejercer el control de la actividad, en aspectos técnicos y tecnológicos, con el fin de que estos funcionarios cuenten con criterios idóneos para la ejecución de la actividad de control.”



11. Hasta la fecha no se ha conocido un instrumento que demuestre una relación positiva entre los costos socioambientales y los beneficios económicos del desarrollo que permitan declarar el proyecto de interés público y conveniencia nacional.



12. Que el cambio climático coloca a la humanidad en una disyuntiva sobre seguir profundizando sus impactos y generando más condiciones de vulnerabilidad o la sustentabilidad de la especie humana, lo cual nos obliga a buscar un equilibrio entre las actividades humanas y la conservación de la naturaleza.



13. Que el hecho de que la Sala IV avale la constitucionalidad del decreto de Interés público y conveniencia nacional, no significa que no existan graves inconsistencias de tipo legal, procedimental y técnico que se ven en otras instancias.


ACUERDA



1. Emplazar al Gobierno de la República para la derogatoria del Decreto 34801-MINAE que declara de interés público y conveniencia nacional el proyecto minero Crucitas.

2. Demandar al gobierno de Costa Rica y sus instituciones que anulen todos los permisos otorgados a los concesionarios del proyecto minero Crucitas por estar viciados de nulidad y reinstauren la moratoria minera.

3. Exigirle al gobierno de Costa Rica ser consecuente con el modelo de desarrollo sustentable que como Nación venimos predicando hace muchos años

4. Hacer un llamado a la sociedad costarricense en la defensa del medio ambiente y en la construcción de la Costa Rica que queremos, más justa, equitativa y sustentable.

5. Solicitar a la Asamblea Legislativa el trámite rápido para una reforma en el Código Minero que prohíba definitivamente la minería metálica a cielo abierto en nuestro país.

6. Apoyar los procesos legales y políticos de la ciudadanía y las organizaciones sociales dirigidos a detener la ejecución de este proyecto.

7. Sumarnos a las manifestaciones que con tal fin se realizarán en el futuro, empezando por el 22 de Abril, día de la Tierra.

8. Sumarnos al gran movimiento mundial por la sustentabilidad del planeta

9. Publicar en los diferentes medios de comunicación y dar la mayor difusión al presente acuerdo.



ACUERDO FIRME.
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PRONUNCIAMIENTO SOBRE EXPLOTACION DE ORO A CIELO ABIERTO EN LAS CRUCITAS

DISTRITO CUTRIS, CANTON DE SAN CARLOS.

El caso de la exploración y explotación minera de Las Crucitas ha estado en la palestra nacional desde el año 1993, cuando el 7 de Junio de ese año el MIRENEM en su resolución R-185-93 (expediente No. 7339), se aprueba el permiso de exploración minera a favor de la compañía Vientos de Abangares S. A. en Crucitas de Cutris de San Carlos; posterior a ello, aparece la empresa Placer Dome de Costa Rica S.A., compañía canadiense, que solicita una prórroga de exploración por dos años. El 5 de noviembre de 1996, en resolución No. 4085, se acuerda dar un plazo de vigencia del permiso de exploración por 2 años, que luego es revocada 13 de marzo de 1997, en Resolución 174-97 SETENA, paralizando labores de exploración ya que la compañía no había cumplido con los compromisos estipulados en el Estudio de Impacto Ambiental.
El 17 de diciembre de 2001, SETENA aprueba la solicitud de explotación de la Mina las Crucitas a otra compañía, y esta presenta ante SETENA, el Estudio de Impacto Ambiental como requisito para la entrada en operación de la mina. Sin embargo, mediante Decreto Ejecutivo DE-30477-MINAE, del 5 de junio de 2002, publicado en la Gaceta del 12 de junio de 2002, la administración Pacheco de la Espriella establece la moratoria indefinida de actividad minera a cielo abierto.

En Decreto Ejecutivo R-217-2008-MINAE, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 96 del 20 de mayo de 2008, tanto el Presidente de la República Oscar Arias Sánchez y el Ministro de Ambiente Roberto Dobles Mora, conocen la recomendación de otorgamiento de concesión de explotación de mina de oro al proyecto Minero Crucitas, Expediente 2554 y se deroga el decreto de moratoria indefinida a la actividad minera a cielo abierto.

El Presidente de La República y el Ministro del Ambiente, mediante Decreto Ejecutivo 34801-MINAET, publicado en la Gaceta No. 201 del 17 de octubre de 2008, permiten el inicio de labores en la Mina las Crucitas en Cutris de San Carlos.

La Sala IV en resolución Nº 6922 de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010 aprobó dicha explotación.

CONSIDERANDO QUE:

1. La Constitución Política de Costa Rica, en su Artículo 50 establece que: Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho.

2. La Constitución Política en su Artículo 7 establece que: Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.

3. Costa Rica ha ratificado el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los Países de América, así como la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.

4. Que la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (Ley No. 5980 de 26 de octubre de 1976), que en su Artículo 4 establece la obligación estatal de Costa Rica por identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en nuestro territorio…”

5. Que la Convención para la Protección de la Flora, la Fauna y de la Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América (Ley No. 3763 del 19 de octubre de 1976), que dice:

“Artículo 5: 1- Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos competentes, la adopción de leyes y reglamentos que aseguren la protección y conservación de la flora y fauna dentro de sus respectivos territorios y fuera de los parques y reservas nacionales, monumentos naturales y de las reservas de regiones vírgenes... 2- Los Gobiernos Contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos legislativos la adopción de leyes que aseguren la protección u conservación de los paisajes...”

6. La Declaración de Rio de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo, Doc A/Conf.151/26;31I.L.M.874 del 13 de junio de 1992, establece: Con el fin de proteger el ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente.

7. Que la Sala Tercera Penal ha reconocido el principio de Irreductibilidad del Bosque (Resolución 2003-0396).

8. Que el principio 4 de la Declaración de Estocolmo señala:

“El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora y la fauna silvestres y su habitad, que se encuentra actualmente en peligro por una combinación de factores adversos…”

9. Que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554 del 4 de octubre de 1995, en su Artículo 2 , establece como principios que:

a) El ambiente es patrimonio común de todos los habitantes de la Nación, con las excepciones que establezcan la Constitución Política, los convenios internacionales y las leyes. El Estado y los particulares deben participar en su conservación y utilización sostenibles, que son de utilidad pública e interés social.

b) Todos tienen el derecho a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente sostenible para desarrollarse, así como el deber de conservarlo, según el artículo 50 de nuestra Constitución Política.

c) El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendiendo como el desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras.

d) Quien contamine el ambiente o le ocasione daño, será responsable, conforme lo establezcan las leyes de la República y los convenios internacionales vigentes.

e) El daño al ambiente constituye un delito de carácter social, pues afecta las bases de la existencia de la sociedad; económico, porque atenta contra las materias y los recursos indispensables para las actividades productivas; cultural, en tanto que pone en peligro la forma de vida de las comunidades, y ético, porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras.

10. La Ley de Biodiversidad, Ley 7788 del 30 de abril de 1998, en su Artículo 11 inciso 2 establece el criterio precautorio o in dubio pro natura: Cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección.

11. Que en nuestro Ordenamiento Jurídico existe un interés público establecido incluso a nivel legal en materia ambiental, al señalarse en el numeral 11 de la Ley de la Biodiversidad lo siguiente:

“Artículo 11.- Criterios para aplicar esta ley: Son criterios para aplicar esta ley: ..........3.- Criterio de interés público ambiental: El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Por su parte, la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, señala en lo correspondiente:

“Artículo 3.- Se declara de dominio público la fauna silvestre que constituye un recurso natural renovable, el cual forma parte del patrimonio nacional. Asimismo, se declara de interés público la flora silvestre, la conservación, investigación y desarrollo de los recursos genéticos, especies, razas y variedades botánicas y zoológicas silvestres, que constituyen reservas genéticas, así como todas las especies y variedades silvestres, ingresadas al país que hayan sufrido modificaciones genéticas en su proceso de adaptación a los diversos ecosistemas.”

12. El Código de Minería, Ley 6797 del 26 de abril de 1982, en su Artículo 98 establece: Prohíbase toda acción, práctica u operación que deteriore el ambiente natural, de manera que haga inservibles sus elementos básicos, especialmente el agua y el suelo, para los usos que están destinados.

POR TANTO EL COLEGIO DE BIOLOGOS DE COSTA RICA RECOMIENDA:

1. Que de acuerdo a que en nuestro país se presentan ecosistemas frágiles y alta biodiversidad en riesgo, deben protegerse las poblaciones del almendro amarillo, Dipteryx panamensis, y la lapa verde, Ara ambigua, ya que existe una estrecha relación entre ambas especies (Sala Constitucional, Voto 2486-2002); y todas las demás especies presentes en los lugares a modificar con la puesta en marcha de este proyecto, como especies endémicas, ecosistemas frágiles y únicos, especies en peligro de extinción; entre otros. Así mismo la Sala Constitucional en Voto 13426-2008 estableció que se prohíbe continuar cualquier procedimiento tendiente al aprovechamiento, explotación o extracción del almendro amarillo mientras este árbol y la lapa verde se encuentren en la lista de especies amenazadas o en peligro de extinción.

2. Que la Asamblea Legislativa debe abocarse a la modificación del Código de Minería en su totalidad, en especial al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental establecido en el mismo, pues se evidencian serias contradicciones en relación con los Estudios o Informes de Impacto Ambiental, los permisos de exploración y las concesiones de explotación en la minería metálica y no metálica.

3. A la Presidente de la República y el Ministro del Ambiente derogar de forma inmediata el Decreto Ejecutivo 34801-MINAET que declaro de conveniencia nacional e interés público el proyecto minero en las Crucitas, que permite la tala rasa del bosque y la reducción de otros ecosistemas, pues se está incumpliendo con lo establecido en principios, declaraciones, convenios internacionales, así como en la legislación patria en materia ambiental. Situación que nos exponen a sanciones por incumplimientos de los compromisos asumidos en normas internacionales, pudiéndose ser considerado una apología al ecocidio.

4. A la Sala Constitucional rechazar el proyecto Las Crucitas en todos sus extremos a pesar de haber resuelto a favor de dicho proyecto en resolución Nº 6922 de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010.

Sábado 8 de mayo del 2010.

Javier Jesús Víquez Ruiz

Presidente

*Colegio de Biólogos de Costa Rica
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SALA IV COMETE UN GRAN ERROR

========> C O M U N I C A D O D E P R E N S A <==========

San José, Costa Rica - Abril 16 del 2010 - 19:00 Horas

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PROYECTO DE MINERÍA EN CRUCITAS, ZONA NORTE.
SALA IV COMETE UN GRAN ERROR.
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De manera irresponsable y polémica, la Sala IV rechazo hoy, uno de los Recursos de Amparo
interpuestos contra el destructivo proyecto aurífero Crucitas, en Zona Norte.

Según Luis Diego Marín, coordinador para Mesoamérica de Preserve Planet, es irresponsable haber
rechazado el Recurso presentado por la organización UNOVIDA, pues estaba muy bien fundamentado.
La Sala IV afirma que: "Los criterios técnicos aportados por la empresa validan la ejecución del
proyecto" Esto nos parece increíble, pues es más que evidente, la carencia técnica y científica
de los documentos presentados por la empresa.

Muy al contrario de la completa información que nuestras organizaciones han presentado contra el
destructivo proyecto.

No debemos dar por sentada la posibilidad de que se autorice el proyecto, afirmo Marín.
Aún se deben resolver otros Recursos legales presentados.

En caso de que exista la posibilidad de que los entes judiciales costarricenses rechacen todos,
dando luz verde a la construcción del proyecto, esta no sería la última acción de esta lucha,
que lleva más de 15 años.

Procederíamos a poner en marcha, otras etapas de la campaña, estas implican una denuncia
internacional más fuerte y mayor coordinación con organizaciones hermanas, en el ámbito mundial.
Así mismo, un contacto más cercano con representantes del gobierno de Nicaragua, pues la
autorización del Proyecto Crucitas, violaría convenios y acuerdos internacionales suscritos por ambos
países.

Carlos Coverdale, de la comisión científica de Preserve Planet recordó a la opinión pública que La
minería de oro a cielo abierto, es considerada mundialmente, una de las prácticas más destructivas
contra el ambiente. Comprendemos la gran preocupación del hermano país, Nicaragua, pues el río San
Juan se vería sumamente afectado, en caso que se diera un derrame del altamente tóxico cianuro…agrego
el experto.

Preserve Planet seguirá luchando intensamente, junto con las comunidades y otras organizaciones,
para que el proyecto no se lleve a cabo.

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Para mayor información contacte a:
Luis Diego Marín Schumacher, coordinador para Mesoamérica.
Tel. ++ (506) 8821-7996 --- luisdiego@preserveplanet.org


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Ecologistas se mantienen en lucha, tras aprobación de minería

• Ecologistas reaccionaron de inmediato este viernes 16 de abril sobre el rechazo a ocho recursos de amparo contra la empresa Crucitas en un fallo de la Sala Constitucional.
• Ya interpusieron un juicio contencioso administrativo y piden medidas cautelares.
Este viernes 16 de abril la Sala IV rechazó varios recursos de amparo que habían detenido la actividad minera en Crucitas, San Carlos, en un solo fallo con votos 5 a 2.
Ecologistas de todo el país, especialmente de la zona Norte, reaccionaron de inmediato y ya están trabajando en nuevos caminos legales para no permitir lo que consideran un “desastre ambiental”.

Para la Federación Ecologista el camino ahora es apoyar el proceso contencioso administrativo presentado hace varios meses por APREFLOFAS, integrante de la Federación.
Esto sería un juicio contra el gobierno, debido a situaciones irregulares en la aprobación ambiental del proyecto crucitas, anunció Heidy Murillo, presidenta de la Federación Ecologista.
“Estamos preparados para enfrentar este fallo que, de alguna manera, lo esperábamos. Aunque estamos seguros que, apegados al derecho y a la realidad, no había forma de aprobar este proyecto también sabemos que hay otros intereses, que quedaron demostrados en la actitud a favor de la empresa, de los magistrados Mora y Calzada durante la inspección al proyecto”, dijo Murillo.
Asimismo, anunció Murillo, este sábado 17 se solicitarán medidas cautelares ante el juzgado contencioso administrativo.
Vanessa Dubois, vicepresidenta de Asociación Preservacionista de la Flora y la Fauna (APREFLOFAS), será la encargada de solicitar esa medidas “con la finalidad de que no comience la tala indiscriminada en Crucitas, hasta que no se resuelva el contencioso”, dijo Dubois.
Para los ecologistas, aunque ya han sufrido muchos reveses en su lucha de más de 17 años contra la minería de oro a cielo abierto en Crucitas, todavía hay un hilo de esperanza, porque, contrario a lo que dice la empresa, la Sala IV no es la última instancia, ya que solo falla sobre eventuales roces constitucionales de la actividad.
“Creemos que si se atienen a las verdaderas consecuencias ambientales y sociales de la minería en nuestro país no había tribunal que lo aprobara. Por eso insistiremos en todas las medidas legales posibles, máxime que en todo el mundo este tipo de explotaciones se han venido prohibiendo y en Costa Rica sufrimos este revés, a pesar del discurso de Paz con la Naturaleza”, anunció Murillo.
La presidenta de la Federación Ecologista y oriunda de San Carlos, que comenzó su actividad ecologista oponiéndose a la minería, dijo que todo el país rechaza esta destrucción ambiental. “Ahora estamos valorando las posibilidades de movilización de toda Costa Rica, en defensa de nuestra tierra, nuestro ambiente y la vida”, dijo Murillo. Según encuestas y sondeos un 89% de la población costarricense rechaza esa actividad minera.
Justamente dos años después de que el presidente Oscar Arias levantara la moratoria minera, impuesta por el anterior presidente Pacheco, llega el fallo de la Sala IV. “Especial para celebrar con fuerza el día de la tierra, esta 22 de abril”, concluyó Murillo.
Más info: Heidy Murillo (88 72 49 54). Edgardo Araya (88 58 95 25). Mauricio Álvarez (88 70 91 65)
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COMUNICADO A LA POBLACIÓN DE COSTA RICA Y EL MUNDO

Referente al aval de la Sala Constitucional a Crucitas

Ante la Sentencia Nº 6922 de la Sala Constitucional de las 14:35 horas del 16 de abril de 2010 que resolvió el recurso de amparo tramitado en el expediente No. 08-014068-0007-CO, con el que se da aval al Proyecto Minero a Cielo Abierto más grande de Centroamérica, el Grupo Llamado Urgente por el País, comunica lo siguiente:

1. La instancia legal ante la Sala Constitucional no representa la última y definitiva instancia para recurrir el Proyecto Minero Crucitas. Existen todavía, otras instancias nacionales e internacionales en las que es posible plantear recursos contra este polémico proyecto minero de agresión a la naturaleza. Inclusive, todavía existen otros recursos planteados ante la Sala Constitucional que no han sido resueltos por ésta y que fueron presentados de forma separada.
2. La siguiente instancia legal corresponde la Juzgado Contencioso Administrativo, en el que ya se había planteado un recurso planteado por Apreflofas, y cuyas medidas cautelares se encontraban en suspenso a la espera del trámite ante la Sala Constitucional. En este momento se está procediendo a solicitar la aplicación de dichas medidas, a fin de que la Empresa Canadiense Infinito Gold, no reinicie el proceso de devastación del bosque para la construcción del Proyecto Minero, en particular, durante el fin de semana que apenas inicia. No deja de extrañar que se sentencie sobre un caso tan polémico, un día viernes en la tarde a las 3:40 PM a sabiendas que la interposición de nuevos recursos legales se dificulta durante el fin de semana.
3. Sabemos que el faltante de información "subsanado" al que se refiere la Sala IV con respecto a los informes requeridos por SENARA lo fue en menos de 48 horas, dando esta institución del Estado por válidos datos aportados por la empresa consultora contratada por la empresa. SENARA nunca realizó ningún estudio de campo en la zona, pese a que los datos de los pozos que dispone esta entidad, demuestran la existencia de un acuífero regional en toda esa zona que sería impactado por el proyecto minero Crucitas.
4. A los casi cuatro millones de costarricenses que representan el 89 % de la población del país que está en contra de la Minería Metálica en Costa Rica les informamos que nuestras organizaciones ambientales seguirán luchando en las instancias legales y técnicas correspondientes para que este proyecto, no se lleve a cabo, así como tampoco el peligroso antecedente que implica para que otra serie de proyectos mineros se desarrollen en el país.



A todos aquellos costarricenses que se encuentren disconformes con esta Sentencia de la Sala Constitucional, los instamos a hacer llegar su opinión a las autoridades de la República, por los medios de comunicación y redes sociales, para que se conozca el descontento generalizado que produce en la población una decisión de este tipo. La lucha por convertir a Costa Rica en un país libre de la minería metálica apenas comienza.

Grupo Llamado Urgente por el País

San José, Costa Rica, 16 de abril del 2010



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Pronunciamiento Conferencia Episcopal sobre Crucitas

PRONUNCIAMIENTO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE COSTA RICA
SOBRE LA MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO Y EL PROYECTO LAS CRUCITAS
“La Iglesia tiene una responsabilidad respecto a la creación y la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen a todos. Debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo” Benedicto XVI (Caridad en la Verdad, n.º 51).



1. Como ciudadanos y Pastores de la Iglesia Católica de Costa Rica, sentimos el deber de iluminar acerca de la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto de minería química a cielo abierto ubicado en Las Crucitas de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela.



2. Lo hacemos apoyados en los principios éticos y legales de la prevención y la precaución, consignados en la Doctrina Social de la Iglesia (Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, nn. 468 y 469), y también en el derecho que asiste a toda la población costarricense conforme al artículo 50 de nuestra Constitución Política, que dice: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes."



3. Según lo han demostrado diversos estudios científicos, la minería química a cielo abierto tiene fuertes impactos negativos sobre el medio ambiente, principalmente en zonas de rica biodiversidad como la nuestra, tales como: la remoción de áreas de cobertura boscosa; la afectación de los suelos y de la geomorfología; la contaminación atmosférica por polvo, plomo y mercurio así como por la emisión de gases de efecto invernadero; la alteración del recurso hídrico superficial y subterráneo; el consumo y almacenamiento riesgoso de sustancias tóxicas tales como el cianuro; la afectación a la fauna y al paisaje; así como riesgos para la salud de los trabajadores y trabajadoras y de las comunidades circundantes, debido a los ya mencionados contaminantes.



4. Por lo que consideramos oportuno y de suma relevancia que se prosiga el camino iniciado y recorrido de políticas y esfuerzos por conducir el desarrollo de una manera más armoniosa con la naturaleza. En este orden, no debe pesar una visión utilitarista o economicista, sino más bien una seria valoración técnica y ética enfocada en el balance real de riesgos y de beneficios hipotéticos de una actividad, así como en su pertinencia para el bien colectivo. Sigamos apostando al modelo de desarrollo sostenible impulsado por el país y la política de paz con la naturaleza. Es importante se preste atención a los cuestionamientos y se analicen los efectos ambientales, sociales, económicos y legales perjudiciales del proyecto.



5. No es justo que un proyecto como este, donde el interés particular está sobre el bien común, divida nuestras comunidades rurales, sin medir que se trata de una riesgosa actividad y sin mirar la responsabilidad que se tiene con las futuras generaciones, como lo expresa el Santo Padre Benedicto XVI: “Los costes que se derivan de la utilización de los recursos ambientales comunes no pueden dejarse a cargo de las generaciones futuras.”1



6. Por todo lo anterior y con la mirada puesta en la búsqueda del mayor bien para nuestra querida Costa Rica, respetuosamente solicitamos al Señor Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, la derogación del decreto número 34801-MINAET, mediante el cual se da la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del Proyecto Minero Crucitas, además de descartar todas las inversiones tendientes a la actividad minera metálica en todo el territorio nacional. También, que se declare una moratoria definitiva a la exploración y explotación minera metálica a cielo abierto en todo el territorio nacional, siguiendo el precedente marcado por el decreto 30477-MINAE durante el gobierno del Dr. Abel Pacheco de la Espriella, compromiso que pedimos abrace el nuevo gobierno que asumirá funciones este año y, por ende, a las personas que en la presente campaña electoral aspiran a dirigirlo. Igualmente, señalamos la imperiosa necesidad que se realice una revisión del Código de Minería de forma que, adecuándose a los nuevos requerimientos en la materia y a los intereses del pueblo de Costa Rica, responda a un enfoque de desarrollo sostenible.




Dios bendiga a todas las personas de buena voluntad que, con espíritu agradecido, reconocen en la naturaleza el don y el reflejo del Creador y hacen esfuerzos por administrar adecuadamente los bienes recibidos y preservar este maravilloso regalo.

San José, a los 12 días del mes de enero, año del Señor 2010.


Monseñor Hugo Barrantes Ureña,

Arzobispo de la Arquidiócesis de San José

Presidente
Monseñor Ángel Sancasimiro Fernández,

Obispo Diocesano de Alajuela

Monseñor Guillermo Loría Garita,

Obispo Diocesano de San Isidro de El General

Vicepresidente
Monseñor Oswaldo Brenes Álvarez,

Obispo Diocesano de Ciudad Quesada
Monseñor Óscar Fernández Guillén,

Obispo Diocesano de Puntarenas

Secretario General

Monseñor José Francisco Ulloa Rojas,

Obispo Diocesano de Cartago
Monseñor Vittorino Girardi Stellin,

Obispo Diocesano de Tilarán

Monseñor José Rafael Quirós Quirós,

Obispo diocesano de Limón

Tesorero
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V Foro Mesoamericano contra represas y por la defensa de los ríos

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Fuente: Diario Digital elpais.cr | 27/04/2009
Representantes de 264 pueblos de Mesoamérica se pronunciaron contra la minería de oro a cielo abierto en Crucitas, en el norte de Costa Rica, y los proyectos hidroeléctricos de Pacuare, Diquis y Savegre.

Reunidos, en Boquete, provincia de Chiriquí, Panamá, los delegados expresaron su apoyo a las poblaciones que se oponen a la construcción de 25 proyectos de marinas, así como a inumerables mega hoteles en la zona marítimo terrestre.

Además, expresaron su rechazo a la privatización del agua en Sardinal, Guanacaste, y por la defensa del acuífero del Volcán Barba, entro otros, así como contra las concesiones de agua para explotación hidroeléctrica, que favorecen a las empresas privadas.

A la reunión, que inició el miércoles y concluyó el sábado, acudieron como representantes de Costa Rica la Federación de Organizaciones Ecologistas (Fecón), PROAL-Amigos del Pacuare, UNO-VIDA contra la minería, Unidos por Talamanca, COECO-CEIBA-AT, Asoc. ANAI, Asoc. Cultural Ngobegue, Naso Lokés, DITSO, Térraba, Asamblea Cultural, ACIT, Comunidad Rey Curré y Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Bajo Chirripó.

Participaron también representantes pueblos originarios de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Ecuador, y con acompañamiento de representantes de Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Italia y Finlandia.

Declaración:


América Latina sigue siendo un gran territorio usurpado, agredido, explotado y asesinado, para convertir en mercancía toda la vida que guarda nuestra Tierra. En esa cadena de muerte nuestros pueblos, y principalmente nuestros pueblos originarios, son las principales víctimas de un modelo de economía obsesionado por el crecimiento económico que atenta contra la vida y favorece la avaricia de un reducido grupo de empresas y personas.

El modelo de sociedad que nos están imponiendo, incluso a precio de muerte, ha generado efectos severos e irreversibles para la vida en nuestro planeta como el cambio climático. Ese modelo de sociedad está privatizando la vida misma por medio del patentamiento de nuestros conocimientos ancestrales y la apropiación con fines comerciales de la biodiversidad, la producción transgénica, el control transnacional de la producción, con la consecuente la pérdida de seguridad y soberanía aliementarias, etc. A todo esto se suma la construcción de megaproyectos mineros, hidroeléctricas, turísticos, etc.

La responsabilidad directa de esa destrucción planetaria es de las agencias de financiamiento internacional como FMI. BM, BID, Banco Centroamericano de Integración Económica, Corporación Andina de Fomento, CAF, y toda la red corporativa de multinacionales principalmente del Grupo de los 20 de los países que se autodenominan “desarrollados”, y sus aliados, cómplices y súbditos de gobiernos y empresas de nuestros países, que aceptan, promueven y multiplican políticas de inversión para su beneficio, y acrecientan la miseria de nuestra población.

Los Tratados de Libre Comercio, TLCs, tanto entre países de América como con Europa y Asia, el Plan Mesoamericano, la Iniciativa para la Integración Regional de Sur América, IIRSA, el Comando Norte y Alianza de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, incluido el Plan Mérida, que significan la remilitarización continental y nacional, entre otros proyectos e iniciativas del capital local y trasnacional, expresan la nueva fase de usurpación y recolonización de nuestros pueblos.

Para las inversiones transnacionales nuestros países ya no tienen fronteras. América Latina fue convertida en una plaza gigante de inversiones sin patria, de cuyos beneficios materiales nuestros pueblos siguen excluidos. Ante la crisis actual generada en su misma avaricia, las corporaciones y los gobiernos siguen demostrando su incapacidad para proponer soluciones acorde con las necesidades de nuestros pueblos, y más bien recrudecen las medidas que atentan contra la población empobrecida.

Ya estamos viviendo en los linderos de la explotación de la Tierra y por eso cada vez más los proyectos atentan contra los pueblos indígenas, parques nacionales y otras las áreas que son parte de las principales fuentes de biodiversidad, agua, petróleo, minerales, etc.

Nos roban la Tierra, nos despojan, nos echan de nuestras casas, nos someten a todas las formas de violencia, desde amenazas, intentos de sobornos, persecución, encarcelamiento, tortura, desapariciones y asesinatos, y encima de todo, criminalizan nuestra autodefensa inventando nuevas leyes y sometiendo a procesos judiciales a personas y organizaciones.

En cada uno de nuestros países muchos proyectos atentan contra la vida, y entre éstos mencionamos:

En México los PHs La Parota, Paso de la Reyna y la Yesca. Las Presas de abasto de agua Zapotillo y Arcediano, el campo eólico La Venta. A la vez siguen las luchas para resarcir a la población de El Cajón y Los Picachos, la liberación de presos políticos del movimiento de Atenco.

En Guatemala los PH Xlalá, HidroXalbal, la minería a cielo abierto en San Marcos y la interminable lucha para resarcir y reinvindicar las víctimas de Chicxoy.

En Honduras los megaproyectos de enclave turísticos Bahía de Tela, PH Patuca III, la Base militar Katski, la explotación petrolera de la plataforma marítima y los PHs El Tigre y Wancarque. Las minerías Minas de oro en Comayagua, Montecillo entre muchas otras, y futuros proyectos hidroeléctricos en Atlántida y Valle de Sula, y la violación por parte del Gobierno de los acuerdos firmados con los pueblos Garífunas a través de OFRANEH, y con otros pueblos indígenas.

El Salvador los PHs El Tigre, El Chaparral, El Cimarrón, Sensunapán II, la exploración minera en Texistepeque, Chalatenango, Cabañas, Morazán, carretera longitudinal del Norte.

En Costa Rica los PHs Pacuare, Diqués, Savegre, la mina a cielo abierto Las Crucitas, los 25 proyectos de marinas e innumerables megahoteles en la zona marítimo terrestre, la privatización del agua en Sardinal y Volcán Barba entro otros sitios, las concesiones de agua para explotación hidroeléctrica, etc.

En Panamá, destrucción de la legislación de la autonomía de los pueblos, en un país con una vasta cultura originaria que incluye Gnobe, Buglere, Nasso, Emberá, Wounaan, Kuna, etc, y aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, lo que confirma la discriminación imperante. En este país continúa la recolonización, usurpación e invasión de los territorios indígenas con proyectos de todo tipo incluidos nuevos residenciales de lujo para nacionales y extranjeros, pero además por ganaderías e hidroeléctricas, que sólo en Bocas del Toro suman más de 15 y 160 en todo el país de los cuales 120 serían en Chiriquí. Además se planea construir una megarefinería petrolera en Puerto Armuelles.

Ante la crisis planetaria del modelo destructor nuestro V Foro dice:

Reafirmamos que las represas no son energía limpia como está demostrado en miles de casos en todo el planeta. En todo caso, las comunidades no necesitamos la probación de la ciencia oficial para reconocer el daño al planeta. La supuesta energía limpia de las hidroeléctricas ha sido un engaño facilitado por las empresas ejecutoras de los llamados estudios de impacto ambiental en todo el mundo, cuyo fin real ha sido facilitar inversiones y fabulosas ganancias privadas.

Ante en el cambio climático, rechazamos como supuesta solución el mercado de carbono y la hipocresía de los países del norte y de las corporaciones responsables de este desastre. Todos los proyectos como represas, petroleras, minerías, agrocombustibles, monocultivos, etc, contribuyen al cambio climático, los desastres naturales y a elevar la vulnerabilidad ecológica y de los pueblos. Insistiremos en una justicia climática que regule el consumismo depredador y los intereses de las transnacionales que controlan y lucran con los elementos de la Tierra.

Los pueblos de América Latina mantendremos y reforzaremos la defensa del agua como derecho humano fundamental, para asegurar el acceso universal a ésta, bajo principios de solidaridad y precios y costos justos según los distintos tipos de uso, y promoviendo su protección integral. En todos los casos nos defenderemos de las distintas formas de privatización, dando prioridad de las poblaciones sobre cualquier forma de explotación comercial nacional o transnacional.

Exigiremos permanentemente ante las instancias nacionales e internacionales que sean procesados y castigos todos los responsables de actos de irresponsabilidad, corrupción, manipulación, engaños, compra de personas y organizaciones, encarcelamientos, muertes, etc, con el objetivo de construir proyectos en nuestros países. Insistiremos en superar la impunidad como norma internacional, por un sistema legal que responsabilice a los culpables de la muerte a gotas o intempestiva que sufren nuestros pueblos y la naturaleza en nuestros territorios.

Seguiremos defendiendo normas como el derecho precautorio y la aplicación rigurosa del Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos indígenas, y otros convenios, acuerdos y tratados internacionales, orientados a asegurar la autodeterminación de los pueblos indígenas.

En el caso de Panamá, le decimos al Gobierno que es una vergüenza que el país no haya ratificado este protocolo. En todos los casos de proyectos exigimos información veraz, oportuna y completa sobre cualquier proyecto, como condición básica para dialogar, rechazar, proponer y negociar de buena fe y con acuerdos incluyentes, cuando se logre alcanzarlos.

El V Foro rechaza el actual plan de ampliación del Canal de Panamá porque su diseño irresponsable amenaza la reserva de agua dulce más grande del país y provocará daños irreversibles a la naturaleza e inundaciones en áreas pobladas. Rechazamos ese proyecto pero le ofrecemos al país un nuevo diseño eficiente y sostenible fundamentado en los estudios del Ing. Bert G. Shelton L. que resulta incluso más económico y garantiza la calidad de vida y el futuro potencial del canal.

El V REDLAR apoya la iniciativa de Ríos Libres que recorre el continente uniendo las luchas en defensa de nuestros ríos, incorporando personas jóvenes, organizaciones y pueblos en acciones de solidaridad mutua en defensa de la vida.

Tenemos fuerza, esperanza, convicción y amor por la vida

Los pueblos de América Latina levantamos nuestra voz y abrazamos a nuestro hermano pueblo Nasso que ahora mismo está sufriendo para defenderse del saqueo de proyectos de ganadería e hidroeléctricas.

El V Foro se adhiere al Manifiesto presentado al Gobierno de México el 19 de marzo 2009, en protección de los ríos y las comunidades.

Nunca dejaremos de llamar al diálogo, a la conciliación y a la con-vivencia, porque nuestros pueblos tenemos la más profunda huella de una historia de represión y muerte, y porque comprendemos que la Tierra es nuestra casa común en la que tenemos la obligación de con-vivir. Pero también, jamás dejaremos de defendernos, de resistir, de luchar, porque somos parte de la Tierra y nuestra vida depende de ella.

Nuestra propuesta es la soberanía energética con proyectos que tengan como prioridad las necesidades de nuestros pueblos y respeten la Tierra, bajo la cosmovisión de convivencia entre la gente y la Tierra de la cual somos parte.

Apoyaremos todas las iniciativas energéticas sustentables que, en primer lugar, atiendan las necesidades reales de nuestros pueblos y no los intereses privados. En esa búsqueda instamos a universidades, organizaciones e instituciones a que se comprometan y trabajen al lado de los pueblos.

Con nuestras luchas seguiremos construyendo democracia efectiva, fortaleciendo nuestro propio poder político desde comunidades, municipios y cualquier otro espacio desde el que podamos representar nuestros derechos y los de la naturaleza.

Con nuestras luchas estamos construyendo una nueva Ética basada en la responsabilidad individual y colectiva, la con-vivencia y la solidaridad para un Buen vivir que respete los derechos de la Madre Tierra que son nuestros mismos derechos.

No queremos que la Tierra se ahogue en su propia sangre represada. No queremos más naturaleza muerta, ni agua convertida en mercancía, ni más silencio de muerte en nuestros ríos.

Los ríos le dan vida nuestros hijos, a nuestros cultivos, a nuestros animales.

Los ríos de la Tierra son nuestra casa, el lugar de nuestras familias, nuestra vida, nuestra historia y nuestras raíces, por eso queremos nuestros ríos libres por siempre y para la vida.

Boquete, Panamá, 25 de abril 2009.

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Proclama de comunidades de Costa Rica y Nicaragua

Crucitas, San Carlos.- Las organizaciones sociales de Costa Rica y Nicaragua ante las intenciones de la compañía transnacional "Industrias Infinito" de desarrollar el proyecto de minería de oro a cielo abierto en Crucitas, consideramos:

1. Que la crisis mundial que provocó el capitalismo, el fenómeno de cambio climático y el deterioro ambiental; exige una transformación profunda de los estilos de desarrollo y la atención prioritaria debe estar enfocada en asegurar la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos, ante la privatización de la vida humana y mercantilización de los ecosistemas y la vida humana.

2. La minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro es una de las actividades industriales de más alto impacto ambiental, social y cultural y es una actividad insostenible por definición en el tanto la extracción del recurso mineral supone su agotamiento.



3. Que la eventual operación de explotación del proyecto minero “Crucitas” por parte de la empresa Industrias Infinito y con la complacencia y ayuda del gobierno de turno; vendría a profundizar el empobrecimiento de los pueblos y el deterioro ambiental, social y cultural provocados por la transnacionalización del agro y las economía de los países centroamericanos.

4. La zona en que se autorizó el proyecto minero Crucitas es de alta vulnerabilidad ambiental, muy cercana al Refugio de Vida Silvestre "Maquenque", al Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte y al Corredor Biológico "San Juan-La Selva", refugios destinados a la protección de especies en vías de extinción. De hecho, la zona en la que se autorizó la tala indiscriminada de árboles incluye la especie en veda almendro amarillo (Dipteryx panamensis), que no solo está amenazada, sino que constituye el hábitat y principal fuente de alimento en época reproductiva de la lapa verde (Ara ambigus), especie que está en peligro de extinción. Además el proyecto se ubica en el marco de la gran cuenca binacional del Río San Juan, una de las zonas transfronterizas de mayor importancia a nivel regional.

5. La declaratoria de interés público y conveniencia nacional de este proyecto no cuenta con los estudios que evidencien una base científico-técnica que demuestre que las ganancias económicas y sociales son mayores que las pérdidas socio-ambientales. El balance demuestra lo contrario: frente a la destrucción irreversible del bosque y la vida silvestre, incluyendo especies amenazadas como el almendro amarillo y la lapa verde, las supuestas ganancias económicas y sociales se basan en expresiones ambiguas tales como "se calcula", "se procurará", "se estima", y no en cálculos y cifras concretas y demostrables.

6. Esta declaratoria de interés público o conveniencia nacional no puede darse a costa de pérdidas irreparables en la biodiversidad de nuestro país y del planeta, en menoscabo de actividades productivas tradicionales presentes en la región. Los Gobiernos de turno están obligados a proteger la riqueza natural de nuestros países para beneficio de las generaciones presentes y futuras, tal y como está determinado en los principios básicos de nuestro marco jurídico, incluyendo los artículos 50 y 89 de la Constitución Política de Costa Rica y los artículos 60 y 102 de la Constitución Política de Nicaragua. De hecho, los decretos citados lesionan el derecho a un ambiente sano y equilibrado, además del paisaje rural y natural.

7. Que la tragedia ambiental y social provocada por la operación de las Minas Macacona en Esparza en los años ochenta, la Mina Beta Vargas en la Pita de Chomes de Puntarenas en los noventas y el desastre de la Mina Bellavista en Miramar en Puntarenas en los últimos años, deben ser el espejo donde nos miremos como pueblos y naciones a la hora de decidir sobre esta nefasta y agresiva actividad.

8. Que las comunidades de la zona norte y del país en su conjunto han dicho una y otra vez NO A LA MINERIA DE ORO A CIELO ABIERTO POR LIXIVIACION CON CIANURO y esa voluntad debe ser respetada por el actual gobierno.

9. Que el proyecto amenaza con generar demandas internacionales de orden ambiental por nuestros vecinos nicaragüenses de impredecibles consecuencias y pone en evidencia el doble discurso de la actual administración, que por un lado adopta la Proclama de PAZ ZONA LA NATURALEZA y en la práctica le declara la guerra a los ecosistemas y a las poblaciones que dependemos de ellos.

POR TANTO:

1. Pedimos se anule el Decreto Ejecutivo que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto aurífero Las Crucitas;

2. Hacer propias las demandas del Frente de Oposición a la Minería de Oro de la zona norte pidiendo la EXPULSION DEFINITIVA de la transnacional INFINTO GOLD de la zona norte y del país en su conjunto.

3. Solicitamos como Coalición Anti minera nicaragüense que se respeten los convenios internacionales que en materia ambiental han sido suscritos por ambos países sobre todo aquellos referidos a la conservación y protección del ambiente y los recursos naturales.

Adoptado por las organizaciones indígenas y campesinas que integran la Plataforma Norte Norte y la Coalición Anti minera de la Campaña “No a la minería en la Cuenca del río San Juan”, Dado en Crucitas, Costa Rica, a los 15 días del mes de marzo del dos mil nueve.

ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INVITADAS POR EL FRENTE DE OPSICIÓN A LA MINERÍA DE ORO A CIELO ABIERTO A PARTICIPAR AL ENCUENTRO REALIZADO 14 Y 15 DE MARZO DEL 2009 EN CRUCITAS DE CUTRIS: Por una sociedad inclusiva

APREFLOFAS , PASTORAL SOCIAL DE LIBERIA , COORDINADORA DEL SUR , UPA NACIONAL SECCIONAL MONTERREY , LA UNAG , UNO VIDA , PASTORAL SOCIAL PAVÓN , ESTUDIANTES DE LA U.C.R FRENTE PATRIÓTICO DE ESCAZÚCEÑO , ABRIENDO EL SURCO , FUNDACION DEL RÍO , PROFESORES DE LA U.C.R , DEL C.P.P DE PAVÓN , CENTRO HUMBOLT , FRENTE CULTURAL ECOLÓGICO PARAÍSO , FECON , UNDECA , DITSÓ , COECOCEIBA , PRESERVE PLANET , ERA VERDE , AGENTES DE PASTORAL , ESTUDIANTES DE LA UCR, DE LAS COMINIDADES DE CRUCITAS , MORAVIA, CHAMORRO , COOPEVEGA , LOS LIRIOS , CIUDAD QUESADA , TÈRRABA , TRES RÍOS.

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¡Fuera Infinito de Crucitas!

Tatiana Rothschuh
END - 21:44 - 29/03/2009
SAN CARLOS / RÍO SAN JUAN
Organizaciones indígenas y campesinas que integran la plataforma norte y la coalición antiminera de la campaña “No a la minería en la cuenca del río San Juan”, reunidos en Crucitas, de San Carlos, Costa Rica, emitieron una proclama en la que piden se anule el Decreto Ejecutivo que declaró de interés público y conveniencia nacional el proyecto aurífero Las Crucitas, y hacer propias las demandas del Frente de Oposición a la Minería de Oro de la zona norte, pidiendo la expulsión definitiva de la transnacional Infinito Gold de la zona norte y del país en su conjunto.


Según el nicaragüense Antonio Ruiz, director de la organización Fundación del Río, de Río San Juan, alrededor de 30 organizaciones de Costa Rica y Nicaragua, participaron en el encuentro atendiendo invitación del frente de oposición a la minería de oro a cielo abierto.

Como se ha denunciado reiteradamente, el proyecto de explotación minera a cielo abierto en Crucitas, a tan sólo tres kilómetros del río San Juan, representa una amenaza para el torrente nicaragüense por la contaminación que se produciría, tanto a la flora como a la fauna.

“Solicitamos como coalición antiminera nicaragüense que se respeten los convenios internacionales que en materia ambiental han suscrito ambos países, sobre todo aquellos referidos a la conservación y protección del ambiente y los recursos naturales”.

Entre los considerandos, se indica que la zona donde se autorizó el proyecto minero es de alta vulnerabilidad ambiental, muy cercana al refugio de vida silvestre Maquenque, al refugio de vida silvestre Corredor Fronterizo Norte, y al corredor biológico San Juan-La Selva, cuyos refugios son destinados a la protección de especies en vías de extinción.

“De hecho, la zona donde se autorizó la tala indiscriminada de árboles incluye la especie en veda almendro amarillo (Dipteryx panamensis), que no sólo está amenazada, sino que constituye el hábitat y principal fuente de alimento en época reproductiva de la lapa verde (Ara ambigus), especie que está en peligro de extinción. Además, el proyecto se ubica en el marco de la gran cuenca binacional del Río San Juan, una de las zonas transfronterizas de mayor importancia a nivel regional”.

Expresa que “la eventual operación de explotación del proyecto minero “Crucitas” por parte de la empresa Industrias Infinito y con la complacencia y ayuda del gobierno de turno, vendría a profundizar el empobrecimiento de los pueblos y el deterioro ambiental, social y cultural provocados por la transnacionalización del agro y las economía de los países centroamericanos”.

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