El Estado es responsable del fracaso del desarrollo en Crucitas

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El reportaje de La Nación “Fracaso de mina en Crucitas hunde a pueblo en el olvido” (8-1-13) publicado en plena campaña política y en el contexto de un posible Arbitraje internacional, pretende culpar a las personas y organizaciones ambientalistas, de la pobreza y el abandono en que viven cientos de pueblos y comunidades, poniendo como ejemplo a Crucitas. 

La Constitución Política en su artículo 50 manifiesta que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.

Son el Poder Ejecutivo y la Municipalidad respectiva, responsables directos de la pobreza y el olvido que están sufriendo miles de familias y no las organizaciones o ambientalistas que luchan contra proyectos contaminantes. Es el Estado el responsable de propiciar el desarrollo y es nuestra responsabilidad con la sociedad estar atentos, vigilantes y dispuestos a contribuir a que este desarrollo no signifique la destrucción de nuestro capital natural y social. 


No es nuestra responsabilidad que casi todos los proyectos de las anteriores  administraciones, han caído uno por uno plagados de corrupción, errores, ilegalidades y abusos. Es gracias a esos proyectos y políticas que tenemos un Estado débil, que hemos perdido nuestra soberanía alimentaria, que se ha creado una brecha social cada vez mayor y que estamos consumiendo y dilapidando anualmente muchos más recursos naturales de los que nuestro país dispone.

En el caso del proyecto minero en Crucitas fue tan evidente el impacto negativo que tendría en esta región,  que motivó a que, primero por  decreto y luego por ley, se prohibiera la minería de oro en Costa Rica; por ser una industria altamente contaminante y destructiva. 

Además, este proyecto fue tan manipulado por los gobiernos de turno, que el Tribunal Contencioso Administrativo anuló lo actuado y ha solicitado sean investigados en la vía penal funcionarios de diversas dependencias, incluyendo el ex ministro de Ambiente y Energía  Roberto Dobles, así como el mismo ex Presidente de la República, Óscar Arias, lo que fue calificado por este tribunal como orquestación de voluntades.

Se está en la ejecución de sentencia  del juicio contencioso y  el sector ambiental pelea para que el dinero de indemnizacióvaya en beneficio de la comunidad de Crucitas y revertir los daños causados por la mina.

Cada una de las luchas- como la de la Mina en Crucitas- que el sector ambiental gana en estrados judiciales no hace otra cosa que salvaguardar un orden jurídico creado por nuestra sociedad, que establece nuestro acuerdo social de convivencia con la naturaleza.

Nos parece reprochable que se quiera responsabilizar al sector ambiental de la desigualdad y pobreza que han creado los políticos de los últimos 30 años. Al mismo tiempo pensamos que esta acusación tiene intención, una vez más, de contribuir a la estigmatización y a la intolerancia; y  desviar la atención de la responsabilidad Estatal de haber roto el acuerdo socio-ambiental y convertirse en un promotor de los conflictos sociales, como lo ha asegurado el Informe del Estado de la Nación.


El sector ambientalista es sumamente propositivo. Sin contar con medios hemos logrado que el país cuente con una nueva Ley de Vida Silvestre, presentada a través del mecanismo de iniciativa popular. Igualmente hemos presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Recursos Hídricos, uno para el fortalecimiento de los acueductos comunales y un proyecto de agricultura orgánica. El manejo comunitario del bosque como una solución a la degradación y deforestación de los bosques, así como otras experiencias concretas en soberanía alimentaria, establecimiento de bancos de semillas, fincas demostrativas, manejo comunitario del agua y de la biodiversidad, turismo rural comunitario, experiencias en pesca y economía solidaria, son parte de nuestra cotidianidad. El lograr que más del 80% de los cantones del país se hayan declarado libres de transgénicos, se suma a nuestro trabajo propositivo que, además, lo hacemos en conjunto con otros actores sociales.

En muchos otros proyectos y en diversas partes del país, las asociaciones y personas ambientalistas han intervenido para que no se impacte el ambiente, algunos proyectos han seguido, otros han sido rectificados, algunos se han detenido pero en ningún caso se puede tomar esas luchas como referencia para endosarle la pobreza o el abandono a estos grupos o personas como de manera maliciosa trata de insinuar el reportaje.


Alianza de Redes Ambientales (ARA),
Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA),
Amigos del Pacuare,
Asoc. Preservacionista Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS),
Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE),
Asociación de Ecología  Social (AESO),
Asociación Proyectos Alternativos para el Desarrollo Social( PROAL),
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA),
Bloque Verde,
COECOCEIBA - Amigos de la Tierra,
Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel,
Coronado por la Naturaleza,
Federación Ecologista (FECON),
Finca Amalur,
Fundación Arqueológica Los Sitios de Moravia,
Fundación Bandera Ecológica,
Oilwatch Mesoamérica,
Proyecto Biodiversidad de Costa Rica,
Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)
Red de Coordinación en Biodiversidad,
Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA),
Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) 

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