Crónica de un tour empresarial por la mina Crucitas

José María Villalta Florez-Estrada

13 de setiembre de 2009




El viernes pasado acompañé al diputado José Merino a la “inspección” que realizó la Sala Constitucional al proyecto de minería de oro a cielo abierto Las Crucitas en Cutris de San Carlos. Se supone que esta diligencia era para recoger pruebas que ayuden en el estudio de los recursos de amparo presentados contra dicho proyecto. De ahí que el diputado del Frente Amplio tuviera derecho a participar, por haber interpuesto uno de esos recursos en conjunto con FECON.



Mi primera conclusión de esta experiencia es que no hace falta ser científico o constitucionalista para darse cuenta de que la mina de oro no debe abrirse. Bastó con sufrir el paisaje dantesco de esos bosques exuberantes de riquísima e inigualable biodiversidad reducidos a escombros podridos, junto a otros todavía en pie pero a la espera del mismo destino. Para dar cabida a las fosas polvorientas de la minera. Tierra lastimada, quebradas aterradas, un olor a muerte que me hizo imaginar las historias sobre los campos de batalla de la primera guerra mundial. Aunque no encontramos los almendros caídos -al parecer la empresa se encargó de desaparecerlos muy bien- la verdad es que no entiendo qué más prueba necesitan los jueces de Costa Rica para entender que este modelo de producción es inviable, insustentable y nos lleva directo al despeñadero. Para mí fue suficiente y sobró.



Sin embargo, seguimos con la “inspección”. En la universidad me enseñaron que en las diligencias judiciales las partes deben tener la más estricta igualdad de derechos y que los jueces tienen la obligación de garantizar que dicha igualdad sea respetada y actuar con la más absoluta imparcialidad. Nada de esto ocurrió en Crucitas. Fue un proceso desigual, totalmente sesgado y parcializado a favor de la trasnacional minera.



En el primer punto de inspección los magistrados y los representantes de Industrias Infinito S.A. entraron en carro. Acto seguido la policía bloqueó la calle pública y prohibió el ingreso de los demás vehículos, obligando a las otras partes a caminar cerca de tres kilómetros para llegar al lugar. Diputadas y diputados, ecologistas, universitarios y sus abogados, algunos de avanzada edad y con problemas de salud, llegaron al lugar de la inspección a pie, jadeando bajo el sol inclemente, mientras los jueces y la trasnacional minera ya tenían varios minutos de conversar alegremente. Cuando reclamaron que ese trato era “injusto”, recibieron regaños del magistrado Mora y la aclaración: “A mi la empresa no me ha dado nada”. En realidad, nadie había preguntado tal cosa.



A estas alturas estaba claro que lejos de “inspección” eso era más bien un paseo guiado por la empresa. Así había sido decidido por la Sala desde que rechazó una petición de Unión Norte por la Vida para que don Alfredo Arias, campesino vecino de la mina, quién conoce la zona como la palma de su mano, participara proponiendo lugares para inspeccionar. Don Alfredo sabe bien lo que hay ahí y lo que se podría perder. Pero los magistrados lo rechazaron porque, en sus palabras, los sitios a visitar ya habían sido “predeterminados”.



Predeterminados por la trasnacional. Esto es como el que tiene un cadáver que huele feo en la cochera de su casa. Cuando invita gente ni loco los lleva a la cochera, no vaya a ser que lo descubran. Pues así ocurrió. Los magistrados vieron lo que la trasnacional minera quiso que vieran. Nada más. Los llevaron a ver una parte del bosque talado y una naciente de agua acondicionada por la empresa, pero nunca pusieron un pie en los bosques que van a ser arrasados ni en las muchas otras nacientes que serán enterradas. Aunque los recurrentes lo pedimos, esos pedidos fueron ignorados. ¿Cómo entonces van a saber el daño real que la mina ocasionará? Si nunca vieron las fuentes de agua o las especies en peligro de extinción que se perderán.



El colmo fue cuando la empresa los llevó a ver el “vivero” con el que, dicen, van reponer el daño que dejarán sus inmensos cráteres. Algunos expertos advirtieron que en los chinamos de la feria del agricultor de Coronado se encuentra más diversidad de especies forestales nativas que lo que ahí había. Por supuesto que para ver eso no hacía falta ir hasta la frontera con Nicaragua.



El trato para las personas recurrentes fue desigual e incluso irrespetuoso y humillante. En cada lugar los magistrados escuchaban atentos las explicaciones de los mineros –sí, las mismas de la mina Bellavista en Miramar- del tipo “nuestra tecnología de punta a nivel mundial” y “somos la mina más moderna de América Latina”, pero cada vez que los recurrentes querían hablar se les callaba y se les recordaba que “esto no es una audiencia”. Para nada importaba que lo que tuvieran que decir fuera importante. El biólogo Javier Baltodano, experto en botánica, pidió la palabra en varias ocasiones para señalar hechos concretos como que, ahí donde no veían nada, había un enterolobium schomburgui o guanacastequillo (árbol en peligro crítico de extinción) o para aclarar, contra lo dicho por los mineros, que el área talada representaba apenas un 30% del bosque que sería destruido. Pero lo callaron. Lo mismo le pasó a la Yamileth Astorga de la UCR quién exigió que le explicaran lo que en un sitio ya inspeccionado se había hablado, porque, nuevamente, no había podido estar presente a tiempo debido a que los guardas de la minera no dejaron entrar el carro en que viajaba. De forma despectiva el supremo magistrado le dijo “pregúntele a su amigo”. Cuando se le increpó por qué no aplicaba la misma medida a los personeros de la empresa, respondió, “es que yo no puedo impedirles que hablen”.



¿Y el Ministerio de Ambiente? Fue absolutamente imposible distinguir entre sus funcionarios y los empleados de la compañía minera. Estaban totalmente fusionados. Defendían a la trasnacional hasta cuando nadie se los pedía. Desde que empezó la “inspección” percibí una sombra que se encogía detrás de los representantes de la empresa, siempre agachada para que nadie le preguntara nada. Por fin logré reconocerla. Era el ministro.



Al final del día Edgardo Araya de UNOVIDA logró que los magistrados fueran a ver dos nidos de lapa verde ubicados en una propiedad que colinda con la mina –a pesar de que los expertos de la empresa afirman que “por ahí no hay lapas”- Mientras los campesinos de la zona señalaban los nidos a los magistrados, un empleado judicial se dejó decir, en medio de las risas de sus compañeros: “pero si esos son nidos de zopilote”. A ese tampoco lo callaron.



Reconozco, no sin vergüenza, que en ese momento empecé a delirar. Soñé que bajaban del cielo las lapas furibundas y les picoteaban la cabeza a los mineros y sus mercenarios. Todos los demás llorábamos de alegría. Un instante de redención para la vida en medio de tanta porquería. No pasó.



Esa es la segunda conclusión de este tour. La justicia y la defensa de nuestro futuro no caen del cielo.



Por eso dejo para el final de este relato la parte feliz de la historia. La gente luchando.



Jóvenes, estudiantes, campesinos, amas de casa, ecologistas, educadores, trabajadores, hombres y mujeres del campo y la ciudad, de toda la zona norte y el resto del país se tiraron a la calle a defender la vida con dignidad, alegría y determinación. Cada vez es mayor el nivel de conciencia de estas comunidades sobre la estafa de la minería y sus falsas promesas. La movilización de gente en contra del proyecto fue contundente y notoriamente mayoritaria. La empresa no logró movilizar a prácticamente nadie.



Todo indica que de muy poco están sirviendo los chantajes que juegan con el hambre de las personas. De muy poco está sirviendo la complicidad del Gobierno que descaradamente vincula servicios que pagamos todos y que históricamente han sido negados a estas comunidades con el apoyo a la minería. De nada les ha servido abrir oficinas del IMAS en la sede de la empresa, para que la gente crea que esta es quién los brinda.



Pero no es solo que la conciencia y la movilización de la gente de la zona norte sigue creciendo cada día. Lo más importante es que este movimiento iniciado hace ya 16 años por un grupo de luchadoras y luchadores que siguen todavía en pie finalmente ha logrado ganar la conciencia y llegar al corazón de una gran mayoría del pueblo de Costa Rica. Hoy por hoy una inmensa mayoría de nuestro pueblo rechaza la minería metálica a cielo abierto como opción de desarrollo y se opone al proyecto Crucitas.



Tan es así que hasta la candidata Chinchilla, la misma del Gobierno de la guerra contra la naturaleza que promovió y permitió este desastre ambiental y hasta lo declaró de “conveniencia nacional”, ahora pretende confundir a la opinión pública con su posición sobre este tema. Dice su vocero que Crucitas será “el último” proyecto que promoverán.



Como ya el pueblo no come cuento vamos a tomarles la palabra. En la Asamblea duerme el sueño de los justos desde 2005 un proyecto de ley que presentamos con el exdiputado Gerardo Vargas Leiva (PAC) para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto (expediente15.948) Aunque solo consta de dos artículos y está listo para votarse, lleva diez veces más tiempo en la Asamblea que el que los diputados tardaron en aprobar –sin leer- la ley del TLC que limitó el acceso a las fotocopias para estudiar. Desde la fracción del Frente Amplio estamos proponiendo que se conozca y se vote. Así veremos quién es quién. A ver si es cierto que ya no quieren más devastación de la naturaleza.



Hasta aquí esta crónica agridulce. A pesar de tanto irrespeto, tanta burla, tanta denegación de justicia, a pesar de tanta muerte, está la dignidad incomprable de un pueblo que se resiste a dejar sin país a nuestras nietas y nietos. Un pueblo que no va a permitir que siga la destrucción con o sin Sala IV. Ese es nuestro oro.