Corta de 300 hectareas de bosque

Declara la minería de interés nacional y de utilidad pública.

El presidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, en un acto de terrorismo ambiental, autorizó arrasar 262 Hectáreas de bosque en un sector de altísima biodiversidad.

Vergüenza, dolor y rabia provoca el reciente decreto del Poder Ejecutivo que autoriza la tala rasa de 262 hectáreas de bosque incluyendo áreas de protección de quebradas, ríos y especies que estén vedadas como el almendro amarillo, para construir una mina que explote oro, plata y otros metales, mediante lixiviación con cianuro, en Crucitas de Cutris, San Carlos, Costa Rica; a solo 3 kilómetros del río San Juan.

Vergüenza porque con este ridículo decreto, el gobierno de Costa Rica está demostrando la ignorancia absoluta en temas ambientales; está desconociendo el terrible impacto que la minería metálica provoca al medio a tal punto que muchos países y estados del mundo la han prohibido.

Dolor porque con una actitud tiránica y prepotente, le pasa por encima a las leyes que protegen la naturaleza causándole un enorme e irreversible daño al entorno imposible de reparar y esas secuelas podrían terminar con especies únicas en el mundo como el tiburón de agua dulce y la lapa verde.

Rabia porque en decenas de cartas y comunicados tanto de ciudadanos nacionales como extranjeros y expertos en el tema de la minería metálica, se le ha hecho ver al presidente y sus ministros los enormes y reales riesgos de esta nociva actividad industrial. Porque los pasados gobiernos habían sepultado este proyecto que no tiene derecho legal alguno pero el gobierno de Oscar Arias que promueve la Paz con la Naturaleza lo resucitó y le abrió todos los portillos para que opere.

Son casi 300 canchas de fútbol, son casi 300 cuadras, es la destrucción del tamaño de una ciudad completa como Cartago. ¿Lo vamos a permitir?

Las leyes de Costa Rica prohíben el cambio de uso de suelo y la corta de árboles para proteger la biodiversidad dejando solo una alternativa: que el proyecto que el gobierno o la empresa privada vayan a ejecutar sea de conveniencia nacional; y la misma ley explica lo que es conveniencia nacional: que los beneficios sociales sean mayores que los costos ambientales.

En qué cabeza cabe que un proyecto minero que solo deja el 2% de sus ganancias al país, que va a arrasar con cientos de hectáreas de bosques, que va a utilizar millones de kilos de cianuro y otras sustancias tóxicas, que va a contaminar millones de millones de litros de agua, que va a poner en peligro la paz entre dos países por la amenaza de contaminación al río San Juan, que ha traído divisiones sociales en la Zona Norte, que solo va a emplear a 253 personas de las miles que están sin trabajo… sea de beneficio para toda o gran parte de la sociedad costarricense.

Este decreto es una bofetada y un acto de terrorismo ambiental que el pueblo soberano de Costa Rica no puede ni debe aceptar porque si este decreto se cumple en un lugar alejado como Crucitas, entonces se abrirá la puerta para que mañana las empresas se metan sin pedir permiso a cualquier barrio o casa donde crean que hay petróleo o minerales.

Esta es la hora de pelear. El pueblo costarricense debe levantarse y parar este atropello ambiental o lamentar para siempre su indiferencia.

Lic. Marco Tulio Araya

Periodista