Pronunciamiento de grupos organizados en Nicaragua ante la Resolución de la Sala IV en el caso Crucitas

Nosotros(as), representantes de Centro Humboldt, FUNDACION DEL RÍO, Proyecto
Socioecológico (PROSOCO) de León e Hijos del Río, tenemos a bien pronunciarnos
sobre el Proyecto de Explotación Minera a cielo abierto “Crucitas”.
CONSIDERANDO QUE:
I
La Sala IV Constitucional de Costa Rica, ha emitido el 16 de abril del 2010, un fallo
donde declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto por el compañero Edgardo
Araya de UNOVIDA en contra de la Declaratoria de Interés Público y Conveniencia
Nacional del Proyecto de minería a cielo abierto “Crucitas” de la compañía Industrias
Infinito S.A., ubicado en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, a escasos 5
kilómetros de la ribera sur del Río San Juan de Nicaragua.

II
Este proyecto minero a cielo abierto, traerá consigo posibles afectaciones al curso
hídrico y poblaciones circundantes ubicadas en el río San Juan, debido a los eventuales
procesos de sedimentación que incidirán negativamente en estos ecosistemas y su
biodiversidad, en la calidad de sus aguas, en la navegación, la calidad paisajística y el
potencial eco-turístico de esta zona.
III
El Gobierno de Costa Rica mediante esta decisión tomada por los magistrados de la
Sala IV, pone en evidencia una vez más el doble discurso que se maneja, donde por
una parte se proclama paz con la naturaleza, y por otra parte, se permite la ejecución
de una actividad que implica la degradación de los ecosistemas y la afectación a las
poblaciones que dependen de los mismos.
IV
El respeto al derecho ajeno es la paz, y que para mantener la armonía y la buena
convivencia de los pueblos fronterizos es importante que los Estados hagan uso del
“Principio Precautorio”, y además, aseguren que las actividades dentro de sus
jurisdicciones no causen daños a la diversidad biológica de un tercero, tal y como se
cita en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Arto. 3), la
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas
(Principio 15) y en el Convenio para la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres
prioritarias en América Central (Arto. 2).
POR TANTO:
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1. Condenamos y rechazamos rotundamente el fallo de la Sala IV Constitucional de
Costa Rica de declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto en contra de la
declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto Minero
Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito S.A., haciéndose caso
omiso a los múltiples cuestionamientos técnicos y jurídicos que han sido
planteados por diferentes actores costarricenses y nicaragüenses y a sabiendas de
que tal proyecto alterará la naturaleza y afectará de manera negativa e irreversible
los ecosistemas.
2. Nos solidarizamos y apoyamos todas aquellas acciones de lucha emprendidas por
las organizaciones de Costa Rica que tratan de frenar un inminente desastre
ambiental cuando se inicie la explotación minera de oro a cielo abierto en esa
zona.
3. Exigimos al Gobierno de Nicaragua, tomar cartas en el asunto, para que se
demande al Estado de Costa Rica por las posibles violaciones al derecho
internacional ambiental que comprometen la soberanía del país, el derecho
comunitario a habitar en un ambiente saludable y de que la actividad que realice
este país no ocasione daños a terceros.
4. Demandamos el cumplimiento de la Resolución sobre las concesiones mineras en
la Cuenca del Río San Juan y el Proyecto Minero a Cielo abierto “Crucitas”, la cual
fue aprobada el pasado 23 de septiembre del 2009, por la Asamblea Legislativa de
Nicaragua, en la cual se solicita a los legisladores costarricenses, la revisión y
derogación del decreto legislativo en el que se declara de interés público y
conveniencia nacional el Proyecto Minero Las Crucitas. Al igual que se exhorta al
Gobierno de Nicaragua a revisar las políticas de promociones y otorgamiento de
concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan, adecuando la legislación
vigente en esta materia para evitar la instalación y operación de empresas que
pueden contaminar el ambiente y causar daños irreversibles a estos ecosistemas.
5. Manifestamos incoherencia en las políticas públicas que dictan los gobiernos de
Costa Rica y Nicaragua, dado que distan de la realidad que se vive actualmente,
donde por un lado suscriben convenios y acuerdos centroamericanos en materia
de conservación de la biodiversidad y el medio ambiente, y por otro lado, otorgan
licencias y concesiones de actividades mineras, de las cuales se conoce
claramente sus efectos nocivos a los recursos naturales que dicen deben ser
protegidos.
6. Hacemos un llamado a la organización y movilización ciudadana nacional como un
medio fundamental para frenar la realización de la actividad minera en la cuenca
del Río San Juan.
Dado en la Ciudad de Managua, a los 19 días del mes de abril del 2010.
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