Presidente Arias contra las cuerdas por favorecer iniciativas mineras

El mandatario también será denunciado ante la Procuraduría de la Ética por dar concesión a un primo hermano.

El hecho de haber permitido la tala de especies vedadas para favorecer el proyecto minero en Las Crucitas, así como haber firmado junto al exministro Roberto Dobles una concesión para una empresa en la que figura un primo suyo, son los casos que judicialmente podrían poner al presidente Arias entre la espada y la pared.


La Fiscalía General de la República maneja investigaciones contra el mandatario por ambos hechos. En el de Las Crucitas, el proceso se encuentra detenido a la espera de que la Sala Constitucional resuelva un recurso de amparo contra el decreto presidencial que permitió la tala de almendro amarillo, cuya veda la propia Sala ordenó.

La investigación tendrá que definir si al firmar ese decreto, el mandatario se valió de su posición para favorecer intereses privados por encima del interés público.

El otro caso tiene que ver con la resolución que el presidente Arias y el entonces ministro de Ambiente y Energía Roberto Dobles firmaron para autorizar a la sociedad Agricultura Mecanizada Chapernal, extraer piedra, arena y grava del río Aranjuez, en la provincia de Puntarenas. En este la denuncia consiste en que el vicepresidente de esa empresa es Jorge Dobles Sánchez, tío de Roberto Dobles y primo hermano del presidente Arias.

Mientras tanto, el diputado Olivier Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), confirmó que esa fracción prepara una denuncia ante la Procuraduría de la Ética por ese mismo caso.

El abogado Pablo Barahona, profesor de la Universidad de Costa Rica y especialista en temas de corrupción, recordó que el artículo 3 de Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito establece el deber de probidad a todos los funcionarios públicos, incluso a los que estén ad honórem.

“Ese artículo habla de rectitud, de buena fe e imparcialidad, mientras que el artículo 11 de la Constitución Política habla del principio de legalidad que debe primar en todos los actos de los funcionarios públicos; pero en ninguno de estos casos las acciones del Presidente se orientan al interés publico, sino al privado”.

También recordó que el mismo mandatario impuso a su gobierno un decreto ejecutivo sobre los principios éticos de la función pública, que prohibía emplear el poder público para beneficiar a familiares, al igual que lo señala la Ley contra la corrupción. “Sin embargo, ese decreto se convirtió en un saludo a la bandera”.

Barahona encontró una “enorme contradicción” entre el discurso político del gobierno y la manera en cómo hace las cosas. Y recordó la sentencia bíblica “por sus obras los conoceréis”. “En el fondo todo esto podría verse como manipulación de poder, sumado a la falta de controles más efectivos en virtud de que se da un desvío del poder discrecional”, señaló.

El abogado recordó que debe ser un juez quien decida si los actos del Presidente riñen con el espíritu de la Ley Contra la Corrupción. “Ojalá que el Presidente se someta a la autoridad y no la rehúya mediante subterfugios en la Sala Constitucional”, añadió.

A LA PROCURADURÍA

El jefe de la fracción liberacionista en la Asamblea Legislativa, Óscar Núñez, ponderó ambos casos y manifestó que el Presidente “no ha actuado de manera indebida en absoluto, sino que ha asumido su responsabilidad”.

En lo referente a la causa por la concesión de extracción de un tajo a Agricultura Mecanizada Chapernal S.A., Núñez enfatizó que durante todo el proceso previo para que esa empresa obtuviera la concesión para extraer materiales del río Aranjuez, el presidente Arias “no tuvo nada que ver”.

“Esta logró la viabilidad ante la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) y la Dirección de Geología y Minas en la administración Pacheco”, señaló.

Así, el legislador oficialista sentenció que “ni el exministro Roberto Dobles, ni el Presidente de la República tuvieron nada que ver en ese proceso. Les correspondió firmar como a cualquiera le hubiera tocado, pero ninguno intervino de forma alguna en los procesos de viabilidad del proyecto”.

Sobre el caso de Las Crucitas, dijo ver con buenos ojos el hecho de que el Ministerio Público haga la investigación, “como de rigor corresponde”. Agregó que “ya se han dado las explicaciones del caso en cuanto a la conveniencia para el Estado costarricense de ese proyecto, el cual por cierto cuenta con el apoyo de los habitantes de la zona”.

En el PAC, el diputado Pérez informó que esa fracción espera tener lista la denuncia ante la Procuraduría de la Ética por el caso de la concesión a Agricultura Mecanizada Chapernal S.A. esta misma semana, pues dijo que “sólo nos falta una información que insistimos nos dé un órgano estatal”.

Para el legislador, el hecho de que en esa empresa figurara un familiar tanto del Presidente como del entonces ministro, constituye un “evidente conflicto de intereses”, por lo cual “debieron inhibirse de conocer el caso”. Además, subrayó que esa resolución se publicó en La Gaceta del 27 diciembre de ese año, lo cual coincidió con el receso de la administración pública, “muy calculadamente”.

Agregó que al firmar la resolución, “lo primero que se brincan con garrocha es el decreto sobre la ética del mismo presidente Arias; está claro que lo actuado está en contra de lo estipulado en ese documento”.

UNIVERSIDAD conoció que la denuncia que presentará contra el Presidente se fundamenta en artículos de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, del Código Procesal Civil y del Código de Minería.

El artículo 9 de ese último prohíbe al presidente, a los vicepresidentes, ministros, viceministros y directores generales adquirir permisos o concesiones mineras. Sin embargo, la prohibición incluye “a las personas jurídicas cuyos accionistas o personeros sean algunos de los citados funcionarios y sus parientes”.

Se le consultó a Pérez si un primo hermano, en este caso del presidente, constituye un familiar en tercer grado de consanguinidad; en vista de que la normativa incluida en la Ley contra la Corrupción, sanciona el favorecimiento a familiares hasta ese rango de afinidad.

El legislador reconoció que “hay interpretaciones que señalan que un primo hermano es ya de cuarto grado, pero éticamente esto jamás se debió dar, menos en el marco de esa resolución”.

En ese sentido, una investigación del Centro de Información Jurídica en Línea, de la UCR, sobre el tema cita un gráfico dela Unión Sindical de Comisiones Obreras de España, el cual establece que los primos constituyen un cuarto grado de consanguinidad.

“No me cabe duda de que él sabía lo que estaba haciendo cuando firmó”, añadió Pérez.

“El sabor que todo esto deja es bastante amargo, nos duele mucho que un presidente y ministro en quienes uno confía para que hagan el mejor trabajo para la población costarricense, trabajen más bien a favor de un pequeño grupo económico muy poderoso. Eso da una idea de cómo se está manejando el país. Esta es la realidad, los diputados debemos abrir los ojos y defender los intereses de la ciudadanía. Pues algunos se han visto confundidos por filiaciones partidarias”, manifestó.

Por otra parte, Carlos Gutiérrez, del Movimiento Libertario, manifestó su preocupación ante ambas denuncias al señalar que “se debe llegar hasta las últimas consecuencias y si para ello es necesario que el Ministerio Público actúe, está bien que lo haga”.

“No se puede mezclar el hecho de ser empresario y político al mismo tiempo cuando se está en la función pública y creo que eso es lo que ha sucedido”, añadió.

El legislador recordó varios cuestionamientos hechos al mandatario Arias desde que inició este gobierno, como el vehículo de doble tracción Range Rover que le regaló un empresario, o el escándalo por recibir terrenos del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) de la hacienda El Jobo. “Los cuestionamientos son frecuentes”, señaló.

Agregó que los criterios legales para actuar en la función pública no están por encima de los morales y éticos, “pero a veces los funcionarios se conforman diciendo que no han actuado ilegalmente”.