La tala en Crucitas legal pero doblemente inmoral

Marco Tulio Araya

Cierto es que vivimos en sociedad y que para la sana convivencia tenemos un conjunto de leyes que norman nuestra actuación pero hay leyes que quitan la paz y rompen la armonía.

Desde hace muchos años venimos peleando contra la instalación del proyecto minero en Crucitas porque tenemos pruebas científicas de que causará enormes e irreversibles daños ambientales que afectará la mayor reserva de agua dulce de Centroamérica.


Es una pelea legal pero también moral. Nos hemos basado en las leyes nacionales y hemos demostrado en las diferentes instancias judiciales que este proyecto minero ha cometido serias
irregularidades y que se mantiene vivo solo porque a través del tiempo ha contado con padrinos políticos. También nos hemos basado en los principios cristianos y en los profundos valores de la sociedad costarricense como la defensa de la vida y el respeto a la dignidad de todas las personas.

En todos estos años de lucha frontal contra este proyecto minero hemos presentado innumerables recursos, pruebas, denuncias y alegatos ante las diversas instancias que tienen en el poder de otorgar los permisos respectivos o de influir en la decisión y han sido acogidos o rechazados dependiendo de la voluntad política de quienes están al frente de esas instancias.

En ciertos periodos la Secretaría Técnica Nacional SETENA se interesa en detener el proyecto y en otros más bien lo impulsa dependiendo de los hilos que la mueven.

Los anteriores concejos municipales de San Carlos se pronunciaron en contra del proyecto minero pero el actual está mayoritariamente a favor; alcaldes anteriores estuvieron en contra de la minería y el alcalde actual, estuvo en contra mientras recogió votos, luego incumplió su palabra y se puso a favor lo que le facilita la entrada a la empresa minera.

El presidente Oscar Arias en su primer periodo como presidente estuvo tan a favor de los proyectos mineros que invitó a las empresas a venir al país; el expresidentes Miguel Ángel Rodríguez otorgó el permiso de explotación sin que mediaran estudios de impacto ambiental; el expresidentes Abel Pacheco está en contra de la minería y declara moratoria por lo que el proyecto se detiene cuatro años (por cierto nadie se murió de hambre en Crucitas); y vuelve Oscar Arias con un inexplicable y sospechoso compromiso con la empresa a tal grado que se atreve a declarar el proyecto de Crucitas de utilidad pública y de conveniencia nacional rompiendo en mil pedazos su paz con la naturaleza.

El lunes 13 de octubre del año pasado, el presidente Oscar Arias firma del decreto que autoriza a la empresa minera a talar árboles, entre ellos la especie vedada del almendro amarillo. Solo cuatro días después, el viernes 17 es publicado el decreto y sin esperar a que se seque la tinta, mucho menos a que llegue La Gaceta a Crucitas, las motosierras que estaban listas empiezan la corta de la montaña. Legal, sí, pero inmoral. Y si no hubiera sido por la denuncia a tiempo de gente valiente que sudó para llegar a un teléfono a dar la noticia y de un abogado ambientalista de corazón que puso el recurso ante la sala constitucional, el daño que se le hizo a la montaña hubiera sido mayor.
El país entero sufrió y lloró por la muerte de estos árboles y por más que la empresa minera trate de justificar la destrucción con la siembra de nuevos árboles y la legalidad de sus acciones, nunca logrará hacer cambiar el criterio porque aprovecharse del poder y las influencias para legalizar una acción de destrucción, contaminación y muerte es doblemente inmoral.