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El Estado es responsable del fracaso del desarrollo en Crucitas

El reportaje de La Nación “Fracaso de mina en Crucitas hunde a pueblo en el olvido” (8-1-13) publicado en plena campaña política y en el contexto de un posible Arbitraje internacional, pretende culpar a las personas y organizaciones ambientalistas, de la pobreza y el abandono en que viven cientos de pueblos y comunidades, poniendo como ejemplo a Crucitas. 

La Constitución Política en su artículo 50 manifiesta que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.

Son el Poder Ejecutivo y la Municipalidad respectiva, responsables directos de la pobreza y el olvido que están sufriendo miles de familias y no las organizaciones o ambientalistas que luchan contra proyectos contaminantes. Es el Estado el responsable de propiciar el desarrollo y es nuestra responsabilidad con la sociedad estar atentos, vigilantes y dispuestos a contribuir a que este desarrollo no signifique la destrucción de nuestro capital natural y social. 

No es nuestra responsabilidad que casi todos los proyectos de las anteriores  administraciones, han caído uno por uno plagados de corrupción, errores, ilegalidades y abusos. Es gracias a esos proyectos y políticas que tenemos un Estado débil, que hemos perdido nuestra soberanía alimentaria, que se ha creado una brecha social cada vez mayor y que estamos consumiendo y dilapidando anualmente muchos más recursos naturales de los que nuestro país dispone.

En el caso del proyecto minero en Crucitas fue tan evidente el impacto negativo que tendría en esta región,  que motivó a que, primero por  decreto y luego por ley, se prohibiera la minería de oro en Costa Rica; por ser una industria altamente contaminante y destructiva. 

Además, este proyecto fue tan manipulado por los gobiernos de turno, que el Tribunal Contencioso Administrativo anuló lo actuado y ha solicitado sean investigados en la vía penal funcionarios de diversas dependencias, incluyendo el ex ministro de Ambiente y Energía  Roberto Dobles, así como el mismo ex Presidente de la República, Óscar Arias, lo que fue calificado por este tribunal como orquestación de voluntades.

Se está en la ejecución de sentencia  del juicio contencioso y  el sector ambiental pelea para que el dinero de indemnizacióvaya en beneficio de la comunidad de Crucitas y revertir los daños causados por la mina.

Cada una de las luchas- como la de la Mina en Crucitas- que el sector ambiental gana en estrados judiciales no hace otra cosa que salvaguardar un orden jurídico creado por nuestra sociedad, que establece nuestro acuerdo social de convivencia con la naturaleza.

Nos parece reprochable que se quiera responsabilizar al sector ambiental de la desigualdad y pobreza que han creado los políticos de los últimos 30 años. Al mismo tiempo pensamos que esta acusación tiene intención, una vez más, de contribuir a la estigmatización y a la intolerancia; y  desviar la atención de la responsabilidad Estatal de haber roto el acuerdo socio-ambiental y convertirse en un promotor de los conflictos sociales, como lo ha asegurado el Informe del Estado de la Nación.

El sector ambientalista es sumamente propositivo. Sin contar con medios hemos logrado que el país cuente con una nueva Ley de Vida Silvestre, presentada a través del mecanismo de iniciativa popular. Igualmente hemos presentado a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Recursos Hídricos, uno para el fortalecimiento de los acueductos comunales y un proyecto de agricultura orgánica. El manejo comunitario del bosque como una solución a la degradación y deforestación de los bosques, así como otras experiencias concretas en soberanía alimentaria, establecimiento de bancos de semillas, fincas demostrativas, manejo comunitario del agua y de la biodiversidad, turismo rural comunitario, experiencias en pesca y economía solidaria, son parte de nuestra cotidianidad. El lograr que más del 80% de los cantones del país se hayan declarado libres de transgénicos, se suma a nuestro trabajo propositivo que, además, lo hacemos en conjunto con otros actores sociales.

En muchos otros proyectos y en diversas partes del país, las asociaciones y personas ambientalistas han intervenido para que no se impacte el ambiente, algunos proyectos han seguido, otros han sido rectificados, algunos se han detenido pero en ningún caso se puede tomar esas luchas como referencia para endosarle la pobreza o el abandono a estos grupos o personas como de manera maliciosa trata de insinuar el reportaje.

Alianza de Redes Ambientales (ARA),

Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA),

Amigos del Pacuare,

Asoc. Preservacionista Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS),

Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE),

Asociación de Ecología  Social (AESO),

Asociación Proyectos Alternativos para el Desarrollo Social( PROAL),

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA),

Bloque Verde,

COECOCEIBA - Amigos de la Tierra,

Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel,

Coronado por la Naturaleza,

Federación Ecologista (FECON),

Finca Amalur,

Fundación Arqueológica Los Sitios de Moravia,

Fundación Bandera Ecológica,

Oilwatch Mesoamérica,

Proyecto Biodiversidad de Costa Rica,

Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

Red de Coordinación en Biodiversidad,

Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA),

Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) 

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Comunicado público - Amenaza de demanda de Infinito Gold al Estado costarricense

POSICIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES QUE PARTICIPAMOS EN LA LUCHA EN DEFENSA DE LA VIDA EN CRUCITAS, EN RELACIÓN CON EL ANUNCIO DE INFINITO GOLD DE RECURRIR A UN ARBITRAJE INTERNACIONAL CONTRA EL ESTADO DE COSTA RICA, POR EL CASO DE LA MINA CRUCITAS.

Nosotras, las Organizaciones Sociales que participamos de distintas maneras en la defensa de la vida y nuestros recursos naturales en Crucitas de Cutris, San Carlos, ante el anuncio de Infinito Gold de demandar en Tribunales Internacionales del Banco Mundial (Centro Internacional de Resolución de  Diferencas) conocido como CIADI Comercio a nuestro país por el caso de la Mina Crucitas, 

HACEMOS DE CONOCIMIENTO PÚBLICO LO SIGUIENTE:

1. Esta nueva acción de la empresa minera constituye otro acto irrespetuoso más contra nuestro país, por cínico y absurdo.  Jamás podrán decir que en este país han sido víctimas de inseguridad jurídica.  Todo lo contrario.  Porque con nuestra lucha hicimos valer nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia participativa, es que esa empresa minera no pudo llevar adelante sus propósitos.
2. Decimos que es una acción absurda de la empresa, porque quedó absolutamente demostrado ante los Tribunales de Justicia competentes de la República, en donde la minera pudo ejercer irrestrictamente su derecho de defensa, que fueron ellos los que incumplieron con mucho de lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico para llevar a adelante un proyecto como el que proponía.  Fue la misma empresa la que, con su comportamiento y forma de actuar, incurrió en faltas que a la postre tuvieron como resultado la nulidad de la concesión minera y su viabilidad ambiental.  La empresa minera siempre supo, desde el principio de sus actividades en el país, cual era el marco legal en que debía desarrollarse su actividad.  Nunca se le cambiaron las reglas del juego.  La empresa no cumplió con esas reglas.
   
3. El mismo Tribunal Contencioso Administrativo, en su histórica sentencia, respaldada luego en todos sus extremos por la Sala I de nuestra Corte Suprema de Justicia, le dejó muy claro a la empresa minera que ningún inversionista extranjero que cumpla al pie de la letra con nuestro ordenamiento jurídico y respete nuestras Instituciones, tendrá jamás ningún tipo de problemas en nuestro país.  Ningún tratado internacional de protección de inversiones podrá ser entendido como una autorización para violar nuestro ordenamiento jurídico. 
4. Y es irrespetuosamente cínica su acción al pretender que el Estado costarricense, es decir, todo nuestro pueblo, deba indemnizarles por sus inversiones en Costa Rica.  Es realmente indignante que esa empresa minera pretenda cobrarnos, cuando más bien le debe muchísimo a nuestra patria.  No sólo le debe a nuestro pueblo el costo monetario de reparar los daños ambientales que ocasionó en Crucitas (alrededor de $10 millones) sino el costo del daño social por el descrédito que sufrieron nuestras instituciones, al tener que iniciar investigaciones penales y disciplinarias contra altos funcionarios públicos, incluido el expresidente Óscar Arias y el exministro Roberto Dobles, todos señalados por favorecer de manera impropia e irregular a la empresa minera.
5. Además de lo anterior, tiene la empresa minera otra gran deuda con nuestro país.  Nos debe muchas explicaciones.  Sobre todo, nos debe aclaraciones sobre el robo cometido del borrador de la Sentencia de la Sala I de nuestra Corte Suprema de Justicia que les condenaba, del cual fueron directamente vinculados, lo que constituyó el más grave atentado que se recuerde a nuestra institucionalidad pública en los últimos tiempos.
6. Por todo lo anterior, creemos que jamás prosperará una reclamo internacional como el que pretende Infinito Gold.  Eso no nos preocupa.  Además, existen sendos recientes precedentes de empresas mineras que reclaman contra Estados por haber perdidos sus concesiones y los Tribunales Internacionales en ambos casos han fallado a favor de los Estados.  Uno fue el caso de Pacific Rim contra El Salvador y el otro es la misma Infinito Gold contra Venezuela.
7. Lo que sí nos preocupa y debe llamar la atención de toda la comunidad nacional, es la forma en que se vaya a ejercer la defensa de nuestro país en esas instancias internacionales.  A lo largo de nuestra lucha, nos quedó claro que los más altos jerarcas del país fueron los principales defensores de la empresa minera.  Tanto en la Sala Constitucional como en el Tribunal Contencioso, nos tuvimos que enfrentar a dichos jerarcas, con nuestros propios y exiguos recursos, mientras ellos defendían a la empresa minera con el dinero de todo nuestro pueblo.  Eso no lo olvidamos.  El papel del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, de la Procuraduría General de la República, del Ministerio del Ambiente y Energía y de la Presidencia de la República, fue en extremo vergonzoso por complaciente y sumiso a los intereses de la empresa minera.  Nota aparte deben recibir las desafortunadas declaraciones del Vicepresidente Alfio Piva, señalándole a la empresa minera hasta el monto que debía cobrarle al Estado Costarricense como indemnización.
8. Es por eso que públicamente consideramos que nuestro aporte en el caso y sus antecedentes es valioso para la defensa de Costa Rica, creemos que el gobiernos de la presidenta Chinchilla debería considerarlo para colaborar y participar activamente en la argumentación y en el proceso que conlleva el desarrollo de la demanda ante el CIADI.  Seremos atentos fiscalizadores de la forma en que las instituciones competentes ejercerán la defensa de nuestro país. 
9. Exigimos respetuosamente a la Presidenta de la República que asuma el compromiso y la decisión país de no abrir minería de oro a cielo abierto en Costa Rica, muy a pesar de las intenciones de empresas transnacionales por socavar la soberanía de nuestro país, es por eso que no se pueden atraer a nuestro territorio aquellas inversiones extranjeras directas asumidas en Acuerdos de Inversión (BIT) como el que firmo Costa Rica con Canada.

Dado en Ciudad Quesada, a los 5 días del mes de abril del 2013.

ASOCIACION COMUNIDADES ECOLOGISTAS LA CEIBA (COECOCEIBA – AT)

ASOCIACIÓN NORTE POR LA VIDA (UNOVIDA)

ASOCIACIÓN PARA LA ECOLOGÍA SOCIAL (AESO)

ASOCIACIÓN PRESEVACIONISTA DE FLORA Y FAUNA (APREFLOFAS)

ASOCIACIÓN RED DE COORDINACIÓN EN BIODIVERSIDAD

ASOCIACIÓN REGIONAL PARA EL AGUA Y AMBIENTE (ARCA)

FEDERACIÓN COSTARRICENSE PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE (FECON)

MOVIMIENTO MESOAMERICANOS CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO (M4)

OILWATCH MESOAMERICA

RED CENTROAMERICANA DE ACCIÓN DEL AGUA (FANCA)

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